El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 comparte y se inspira en los principios que sustenta el Ejecutivo Federal, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y los traduce en principios específicos para caminar hacia el desarrollo de los pueblos indígenas.

• El humanismo, que se orienta a lograr el desarrollo integral del ser humano y de sus comunidades.
• La equidad, que propone la igualdad de oportunidades y la premisa de que la diversidad es para optar y no para excluir.
• El cambio, que requiere la responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad y propone una nueva era para construir una nación con altos índices de desarrollo social y humano.
• La inclusión, para abrir oportunidades a través de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad.
• La sustentabilidad, que se dirige a conservar el medio ambiente para asegurar el futuro.
• El desarrollo regional, para responder a la demanda social de mayor equidad entre las regiones.
• El apego a la legalidad, que a la vez que da seguridad y combate prácticas de corrupción, propone la observancia de la ley por todos.
• La gobernabilidad democrática, que propone el desarrollo de las destrezas que le permitan a la sociedad incorporarse a los procesos de definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
• El federalismo, que comparte responsabilidades y recursos para generar el desarrollo.
• La transparencia, que sujeta recursos y decisiones al escrutinio público.

Así, el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 responde a la necesidad de construir esta sociedad democrática, incluyente, que se reconoce como una nación pluricultural y que aspira a la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos del país. Este imperativo obedece tanto a la necesidad de dar respuesta a la reiterada y urgente demanda de los pueblos indígenas por una inclusión con equidad y con respeto a las diferencias culturales, como al reconocimiento expresado por el conjunto de la sociedad nacional sobre la legitimidad de esta demanda.

Fonoteca INI

Construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad significa abandonar la idea de que la desigualdad y la pobreza se explican por la diferencia cultural y reconocer que en ésta hay un enorme potencial para el desarrollo del país. Requiere, también, de una política de Estado que asuma que el tema indígena es un asunto de desarrollo integral de los pueblos indígenas. Por lo tanto compete a la sociedad en general, a todos los poderes de la nación y a los diferentes órdenes de gobierno.

El compromiso del Estado mexicano con el desarrollo integral de los pueblos indígenas es intransferible. Este compromiso se funda en una responsabilidad pública compartida con la sociedad y en una dinámica de trabajo institucional apegada a derecho, que define sus funciones, estrategias y programas desde la diversidad y la pluralidad de México.

El Estado mexicano debe ser la fortaleza pública que promueva la equidad, que afirme el derecho a la diversidad, a la lengua y a la identidad, y que potencie el desarrollo de los pueblos indígenas a partir de sus capacidades colectivas y formas de organización.

Visión

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 propone la siguiente visión al 2025: "México será una nación plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y convivencia basadas en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Será una nación orgullosamente sustentada en sus raíces, pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido de unidad nacional".

Reconocer el carácter pluriétnico y multicultural exige, por un lado, valorar la capacidad de los pueblos indígenas para tomar decisiones que involucren su propio desarrollo; y, por otro, la transversalidad de las acciones institucionales a manera de incidir en forma significativa en las causas estructurales de la pobreza. Exige también construir una cultura cívica de diálogo y respeto.

Bajo esta perspectiva, el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 propone la siguiente visión al 2025:

Los pueblos indígenas participarán activamente en la vida pública nacional, así como en la definición y aplicación de políticas. Habrán definido sus proyectos de desarrollo y con ello incidirán en los programas y proyectos institucionales que se emprendan en su beneficio. Habrán avanzado en su desarrollo social y económico. Dispondrán de una legislación integral que reconozca sus derechos y garantice su ejercicio con pleno respeto a su diversidad cultural.

Concretar esta visión requiere la consolidación de una nueva relación entre el Estado mexicano, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad que se traduzca en:

• El reconocimiento de los pueblos indígenas como interlocutores y corresponsables en la toma de decisiones respecto a la solución de los problemas que los afectan.
• El reconocimiento de sus formas de organización.
• Un trato equitativo y respetuoso de su diversidad cultural en los órganos de impartición de justicia.

Misión

El gobierno federal impulsará la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad. Todas las dependencias federales concurrirán, en la esfera de su competencia, al desarrollo de los pueblos indígenas. Establecerán los mecanismos de coordinación entre sí y con los estados y municipios con la finalidad de generar, conjuntamente con los pueblos indígenas, un desarrollo humano y social incluyente, participativo, equitativo, sustentable y con apego a la legalidad.

La Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, junto con el Instituto Nacional Indigenista promoverán, dirigirán, coordinarán, darán coherencia y evaluarán las acciones de las dependencias del Ejecutivo Federal para asegurar el desempeño transversal, la integralidad y la transparencia de dichas acciones.

Lorenzo Armendáriz, Fonoteca INI

Ante la evidente carencia de satisfactores básicos y la falta de igualdad de oportunidades para un desarrollo humano digno que afrontan aún numerosos sectores y grupos de la población mexicana, entre ellos de manera especial los indígenas, el Gobierno de la República considera imperativa la concurrencia de esfuerzos.

La ORDPI y el INI comparten esta misión y para cumplirla requieren el concurso de todas las dependencias y de los tres órdenes de gobierno.

El desempeño transversal de las instituciones federales, la concertación y coordinación con los poderes legislativo y judicial, y los gobiernos estatales y municipales, así como la participación indígena en la toma de decisiones son elementos indispensables para cumplir con el mandato constitucional del apartado B del Artículo 2° y para contribuir al proceso de construcción y consolidación de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad.

La inclusión equitativa no ocurre por decreto, sino que se construye y se instituye a lo largo de un proceso social en el que el gobierno debe jugar un papel importante. Se requiere que la nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad se construya sobre la base de la igualdad, el respeto a la diversidad cultural y los principios de equidad, justicia y democracia. Todo ello con base en procesos de diálogo intercultural, en el respeto a sus modos de ser y de estar en el mundo, y a través de nuevas formas de cooperación y participación de las organizaciones sociales, de los tres poderes del Estado y de todas las instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno.

Principios

La nueva relación entre el Estado mexicano, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad deberá regirse bajo los siguientes principios:

• Diálogo, consenso e interacción entre culturas, como base de las relaciones entre los pueblos indígenas y de éstos con el conjunto de la sociedad.
• Diversidad, identidad y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.
• Equidad e igualdad de oportunidades para los pueblos indígenas que incluya la perspectiva de género.
• Inclusión de los pueblos indígenas en los procesos del desarrollo nacional.
• Transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al desarrollo de las regiones indígenas.

Estos principios responden, por una parte, al análisis de las carencias y de las potencialidades, de los obstáculos y de las posibilidades del desarrollo, en general, y del desarrollo indígena, en particular. Por otra, al fundamento legal que otorga el Artículo 2° de la Constitución y la decisión del Ejecutivo Federal de corregir la situación histórica de rezago, desigualdad, pobreza, discriminación y exclusión ya descritas, para sentar nuevas bases de un desarrollo autónomo y sostenible de los pueblos indígenas.

Para el gobierno federal es prioritaria la atención a los pueblos indígenas y el impulso de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad, basada en el diálogo y en el respeto a la diversidad cultural.

Para que los programas sociales, económicos y de justicia, que son obligación del gobierno federal, sean verdaderamente efectivos en abatir los rezagos y abrir las oportunidades, tendrán que fundarse en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para definir sus proyectos de desarrollo, desde sus culturas, su organización y sus aspiraciones.

En este esfuerzo, todas las dependencias federales concurrirán, en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

La propuesta del Ejecutivo Federal para establecer una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad, basada en los principios ya señalados, deberá partir de los siguientes cinco ejes:

• Perfeccionar el marco legal, así como los órganos de administración, procuración e impartición de justicia para garantizar el acceso a ella con pleno respeto a la diversidad cultural.
• Mejorar el desempeño institucional con la finalidad de lograr acciones coordinadas e integrales que cuenten con recursos suficientes y apoyos decididos para atender las demandas indígenas en los niveles federal, estatal y municipal.
• Impulsar una cultura de tolerancia, inclusión, respeto y revaloración hacia los pueblos indígenas.
• Potenciar y crear nuevas capacidades ciudadanas a través de la formación de capital humano y del establecimiento de mecanismos de participación y diálogo intercultural con los pueblos indígenas en la definición, operación, seguimiento y evaluación de las acciones gubernamentales.
• Construir el bienestar con los pueblos indígenas.

En cada eje se establecerán mecanismos de coordinación y concertación que sumen los esfuerzos del gobierno, de la sociedad y de los pueblos indígenas en la construcción de las soluciones.

Carla Torres, Fonoteca INI

Instancias de planeación, coordinación y evaluación

En los últimos años, las diversas representaciones de los pueblos indígenas han comenzado a participar en múltiples foros de análisis y discusión en torno a temas fundamentales como derechos indígenas, patrimonio, desarrollo, entre otros; y han logrado ocupar diversos espacios en organismos nacionales e internacionales.

A nivel nacional, la presente administración ha incluido indígenas en diversas áreas de la administración pública federal responsables de la planeación, operación, evaluación y seguimiento de políticas y estrategias para el desarrollo de los pueblos indígenas. El fortalecimiento de la participación indígena en éstas y otras futuras instancias permitirá renovar las modalidades de concertación, coordinación, planeación, ejecución y evaluación de los programas sectoriales al incorporar la perspectiva indígena en la toma de decisiones.

Carla Torres, Fonoteca INI

La instrumentación de la estrategia de la transversalidad requiere otorgar un enfoque integral al trabajo en el marco del reconocimiento a la diversidad cultural por parte de las diferentes instituciones que integran el Ejecutivo Federal, por lo que habrá que definir los planos de intersección, temporalidades y prioridades conjuntamente con los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas.

El fortalecimiento del federalismo es condición para atender las necesidades, resolver los problemas, aprovechar las oportunidades y lograr el desarrollo en las diferentes regiones que componen el país. En este contexto, cumplir con los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 exige la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de crear las condiciones de desarrollo de los pueblos indígenas, sus comunidades y sus organizaciones.

La obligada coordinación entre federación, estados y municipios tendrá como finalidad lograr que los programas tengan una perspectiva integral que refleje coherencia y complementariedad en la intervención de las instituciones, evite duplicidad de funciones, haga eficaz el uso de los recursos federales y propicie la cohesión al interior de las comunidades, organizaciones y regiones indígenas. Asimismo, habrá de garantizar que se consideren las prioridades expresadas por los pueblos indígenas para su desarrollo y lograr mayor impacto de las acciones de las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la población indígena del país.

Instrumentar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno requiere la revisión de las normas y procedimientos de los actuales órganos de planeación en los niveles estatal y municipal para incorporar, de manera formal y explícita, la perspectiva indígena. Es necesario, además, adecuar y fortalecer los mecanismos de consulta hacia los pueblos, las comunidades y las organizaciones indígenas, con la finalidad de generar condiciones para que en las instancias de planeación estatal y municipal, las comunidades y organizaciones indígenas participen con sus iniciativas.

La ORDPI promueve la transformación de las instituciones que atienden de manera directa a los pueblos indígenas. Se coordina con el INI para sistematizar la demanda indígena e integrar la información que permita mayor precisión en el análisis, con el propósito de generar propuestas y diseñar mecanismos de atención y seguimiento de las acciones gubernamentales. Coordina la transversalidad de los esfuerzos federales, con la finalidad de potenciar los resultados de las acciones públicas orientadas al desarrollo de los pueblos indígenas. Con este mismo fin, propicia la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la representación indígena en la toma de decisiones.

Por último, la evaluación del PNDPI requiere la valoración del quehacer institucional en su conjunto. Para tal efecto, se diseñará un sistema de evaluación y seguimiento que considere:

• La participación indígena en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de programas y proyectos que se realicen en sus regiones o comunidades.
• La adecuación de los indicadores del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas para que muestren el impacto de los programas y proyectos institucionales en la calidad de vida de los indígenas.
• Los recursos presupuestales destinados a las regiones indígenas por parte de los tres órdenes de gobierno. La transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la rendición de cuentas.

Nacho López, Fonoteca INI

Lorenzo Armendáriz, Fonoteca INI