Héctor Vázquez, Fonoteca INI

Medio ambiente y regiones indígenas

México ha sido reconocido como uno de los países con mayor diversidad biológica. En su territorio se localizan cerca del 10% de las especies silvestres conocidas en el mundo; de esta amplia y rica biodiversidad destacan los niveles de endemismo de su flora, la que se estima es del 63% del total de las especies, y de la fauna donde dicha característica se presenta en el 30% de los vertebrados.

El desarrollo de los pueblos, y en general de la humanidad, está íntimamente asociado a la cantidad y calidad de los recursos naturales en las diferentes regiones donde éstos se han asentado y sus culturas han florecido y evolucionado.

En México, la población indígena se encuentra en todas las entidades federativas. Sin embargo, el 90% de esta población vive en las regiones más ricas: trópico húmedo, trópico seco y zonas templadas. Estos territorios de rica diversidad biológica han influido en el desarrollo de sus culturas y de su historia.

De acuerdo con los datos del inventario forestal se calcula que en el territorio nacional existe una extensión arbolada de 109.1 millones de hectáreas, de las cuales 60% se encuentra en municipios indígenas; y casi la tercera parte de la población que habita en las zonas forestales del país es indígena.

A través del tiempo, los pueblos indígenas desarrollaron formas de interacción socioeconómica y cultural con los ecosistemas que permitieron crear y perfeccionar complejas prácticas de manejo que combinan la conservación, la capacidad productiva y la regeneración natural de los recursos. Estas prácticas se confrontaron con los procesos de producción predominantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuya característica fundamental ha sido el crecimiento económico a costa de la destrucción, sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales.

A partir de los años ochenta, especialmente en la última década, la problemática ambiental ha sido una preocupación creciente. Diversos sectores de la sociedad mexicana, incluidos los pueblos indígenas, han reclamado la acción gubernamental para frenar la devastación ecológica y las alteraciones ambientales que han sufrido diversas regiones del país tales como la deforestación, la erosión de suelos, la contaminación de cuerpos de agua y la desertificación creciente.

Puede afirmarse que la política de aprovechamiento de los recursos naturales se ha fundamentado en el impulso de tecnologías no siempre apropiadas y que degradan o afectan las cadenas biológicas y los ecosistemas. Paralelamente, han modificado los patrones tradicionales que las comunidades indígenas perfeccionaron para el equilibrio entre aprovechamiento y conservación de los , recursos naturales de su entorno.

Como resultado de la ruptura del equilibrio socio-ecológico se presenta la disminución de los recursos y se ha acentuado la pobreza de la población indígena.

El deterioro ambiental ha impactado en la autosuficiencia alimentaria y ocasionado una creciente presión sobre los recursos naturales, misma que se traduce en la expansión de la frontera agrícola hacia tierras de baja calidad o no aptas para el cultivo en detrimento principalmente de las selvas en las zonas tropicales y de las áreas boscosas en las zonas templadas.

Nacho López, Fonoteca INI

De igual manera, se han afectado los frágiles equilibrios ecológicos de las áreas selváticas por la captura de fauna y recolección de flora silvestres para su comercialización como una forma de obtener recursos. Estas actividades, además de la sobreexplotación o la tala irracional de bosques, han provocado la pérdida del capital natural por la afectación de los sistemas y cadenas biológicas con lo que se han iniciado procesos de reducción de las poblaciones silvestres que eventualmente pueden desembocar en la extinción de especies.

Para la protección y conservación de la biodiversidad, la política ambiental instrumentada por el Estado ha consistido en declarar las zonas de interés como áreas naturales protegidas. En el país se localiza un total de 127 áreas naturales protegidas, 51 de ellas se encuentran en zonas con fuerte presencia indígena e involucran a 48 municipios indígenas.

Si bien los decretos de expropiación señalan que para la protección y conservación de los sistemas naturales, así como para el manejo sustentable de las áreas protegidas y su zona de influencia, es necesario involucrar a las comunidades indígenas y rurales, entre otros actores, no siempre se ha consultado ni sensibilizado a la población afectada por dichos decretos, a pesar de que el establecimiento de vedas y restricciones en el uso y manejo de los recursos impiden o limitan las actividades productivas. En consecuencia, más que verse como una acción de beneficio para las comunidades, estas medidas se consideran como obstáculos para su desarrollo y, en muchos casos, han agravado las condiciones de marginación y pobreza de la población. En general no están acompañadas de opciones productivas por lo que, al mismo tiempo, se ejerce presión sobre los recursos que se intenta proteger.

En las regiones forestales se ha tratado de corregir la explotación ilegal a través de la participación organizada de los comuneros y ejidatarios. Sin embargo, esta medida no ha evitado el deterioro ni la destrucción del recurso, lo que impide un aprovechamiento racional por parte de sus poseedores legales.

Para superar esta situación es necesario un programa de ordenamiento que considere las diversas características naturales y culturales de las regiones indígenas. La conservación del medio natural implica la preservación y el enriquecimiento de su patrimonio y su desarrollo social.

Recursos naturales y demanda indígena

Los participantes expresaron su preocupación por la degradación de los recursos naturales en sus regiones, principalmente aquellos de los cuales no son usufructuarios.

Una demanda central es la de ajustar la normatividad vigente para que, por una parte, sean las comunidades quienes lleven a cabo el control, conservación y regeneración de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios y, por otra, que se tome en cuenta sus culturas, usos, costumbres y formas de organización y de toma de decisiones para el diseño y aplicación de programas para el aprovechamiento de los recursos naturales.

Reconocen que las acciones tradicionales de conservación y recuperación de las áreas afectadas por deterioro ambiental son insuficientes y limitadas, por lo que solicitan que las instituciones federales y estatales establezcan programas institucionales integrales y coordinados. Demandan que, en forma paralela a la instrumentación de medidas de protección de los recursos naturales, se capacite a las comunidades indígenas para que sean sus integrantes quienes realicen las actividades de conservación, recuperación y aprovechamiento del capital biológico.

Foros de consulta
Instituto Nacional Indigenista

El acervo técnico y el conocimiento de los pueblos indígenas constituyen una base para impulsar acciones de conservación y manejo ordenado de los recursos. No obstante, sus tecnologías no siempre pueden hacer frente a procesos de degradación que han generado diversos sistemas productivos, incluidos los propios, por lo que adecuarlas y combinarlas con otras tecnologías en consenso con los pueblos indígenas es una tarea fundamental.

Ocupación y empleo

En México, 22% de la fuerza laboral se dedica a la agricultura y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas (ENEZI) de 1997, ésta es la principal rama de actividad en las comunidades indígenas en la que participa el 70%¹² de la población ocupada. El trabajo artesanal, cuya producción es especializada, es la segunda en importancia ya que ocupa el 13%. En la rama del comercio se ocupa 6.4%, en la industria de la construcción 3% y el 7.6% restante se dedica a otras actividades. El 69.3% de la población ocupada pertenece al sexo masculino y el 30.6% al femenino. Cabe señalar que, con frecuencia, el trabajo de las mujeres es descalificado o no reconocido como tal, incluso por ellas mismas, pues se realiza en sus escasos tiempos libres y se considera como una extensión de la jornada de trabajo doméstico.

Luis Lizaola, Fonoteca INI

La mayoría de los productores rurales del país se caracteriza por ser minifundista y producir en condiciones precarias, carentes de infraestructura productiva, sin acceso a fuentes de financiamiento y deficientes o nulos canales de comercialización; sobrevive sin los elementos que le permitan impulsar y consolidar las actividades básicas para su desarrollo. Esta situación la comparte una alta proporción de las comunidades indígenas lo que, entre otros factores, incide en la reproducción de las condiciones de pobreza y marginación.

Del total de la población indígena, 42.8% trabaja por cuenta propia, 33.4% representa a trabajadores familiares sin pago y el 19.3% es trabajador asalariado con un trabajo más o menos permanente de baja remuneración,¹³ lo que ha impulsado las corrientes de migración temporal que provoca, en muchos casos, que la unidad de producción familiar quede bajo la responsabilidad de las mujeres quienes, junto con los hijos menores de edad, son las que realizan las labores agrícolas.

La migración ha ocasionado un cambio en el modelo de inserción de los indígenas en la estructura productiva: jornaleros asalariados en empresas agroindustriales, empleados de baja calificación en maquiladoras, comercio ambulante, peones en la industria de la construcción, macheteros, estibadores y cargadores en las centrales de abasto y trabajadoras domésticas.

Victor Gayol, Fonoteca INI

Un estudio publicado por la Procuraduría Agraria (abril de 2001) señala que en los municipios indígenas la propiedad social es predominante pues representa el 70.8%, la propiedad privada es del orden del 26.2% y el 3% restante corresponde a terrenos nacionales y colonias agrícolas. Estos pueblos tienen en común formas específicas de trabajar la tierra y también comparten los procesos agrarios que llevaron a la dotación o al reconocimiento de sus tierras. Sin embargo, existen entre ellos diferencias en algunas características agrarias que reflejan, en buena medida, las desigualdades regionales del país.

De los 803 municipios mediana y eminentemente indígenas,¹⁴ en 346 predomina la tierra ejidal (43.1%), en 257 la comunal (32.0%), en 39 (4.8%) la propiedad ejidal y comunal tienen similar proporción, y en 161 (20.1%) la propiedad privada. En ellos hay 4 786 ejidos, 1 258 comunidades y 304 unidades de producción privadas. En conjunto, estos municipios abarcan casi 27 millones de hectáreas rústicas.

En las áreas selváticas de la península de Yucatán y en el norte del país, es decir en tierras fundamentalmente semidesérticas más aprovechables como agostadero que para el cultivo, las tierras son en su mayoría de uso común y la superficie promedio rebasa las 10 hectáreas; por el contrario, en entidades del centro y algunas en el sur predominan las tierras parceladas y el minifundio.

La propiedad privada se concentra especialmente en las regiones de Zongolica, Veracruz; la sierra Mazateca, Oaxaca; los municipios de Pantepec, Simojovel, San Cristóbal de las Casas, Salto del Agua, San Juan Cancuc en Chiapas y en algunos lugares de la Huasteca hidalguense (Atlapexco, San Felipe Orizatlán y Huazolingo).

Las características de las unidades de producción privadas son similares a las de la propiedad social: las tierras son de mala calidad y la superficie promedio es casi la misma. En los municipios mediana y eminentemente indígenas, 63.5% de los ejidatarios y 89.6% de los comuneros tienen una superficie máxima de cinco hectáreas, por lo que el minifundio es la unidad de producción dominante en las tierras parceladas de estos municipios, lo que se considera una limitante para el desarrollo de la unidad productiva y del sector rural. Respecto a las tierras de uso común, en los municipios eminentemente indígenas, a cada ejidatario le corresponde en promedio 13.5 hectáreas y 24.6 en los medianamente indígenas.

Cabe aclarar que aún cuando la extensión promedio de tierras de uso común es superior a las parceladas, en general, las primeras están más subutilizadas ya que para su aprovechamiento se requieren grandes inversiones. Además, la ausencia de sistemas de irrigación en 93.8% de los ejidos y comunidades con población indígena, la escasez de créditos, la carencia de infraestructura y de una política rural orientada al desarrollo de ese sector, son factores que acentúan la crisis que ha caracterizado al agro en las últimas décadas.

A pesar de que la agricultura es la principal actividad económica de la población indígena, ésta se destina fundamentalmente al autoconsumo. La milpa constituye el eje central de la vida productiva cotidiana. La subsistencia de las unidades domésticas con base en la agricultura es cada vez más difícil debido, entre otras causas, al tamaño de las parcelas y al deterioro de los recursos naturales, en ocasiones derivado de su sobreexplotación.

No obstante, la participación de los productores indígenas es significativa en los cultivos de café, pimienta, vainilla, cacao, amaranto, maguey, miel y nopal. La producción de caña de azúcar, tabaco y hortalizas, en muchos casos, no se podría concebir sin la participación de estos mexicanos y, en los dos últimos cultivos, sin la participación de la mano de obra femenina.

La falta de créditos y de infraestructura para el acopio, almacenamiento y comercialización da lugar a una integración asimétrica y desventajosa en los mercados nacional y regionales.

Los productores que han tenido acceso al beneficio del crédito y de los apoyos institucionales enfrentan la falta de asistencia técnica adecuada, la baja productividad y una alta siniestralidad de sus tierras; además de una situación de inequidad frente a las fluctuaciones del mercado que ha generado un grave endeudamiento y carteras vencidas. En consecuencia, es urgente generar un piso productivo que les permita acceder al mercado nacional e internacional con productos de calidad, mediante una mayor capacitación técnica y el apoyo de las instituciones de fomento, de comercialización y de financiamiento.

De acuerdo con el Índice de Rezago Social por Municipio para el año 2000, calculado por SEDESOL e INI, el correspondiente al del empleo ¹⁵ muestra que de los 1 310 municipios que a nivel nacional presentan un alto y muy alto grado de rezago, 46.4% corresponden a municipios con una población de HLI igual o mayor al 30% del total; en ellos se localizan cerca de 5.9 millones de personas, de las cuales casi 4 millones son indígenas.

La magnitud del rezago en empleo de los pueblos indígenas queda aún más clara cuando se observa que de los 347 municipios con una población indígena de 70% y más, 94.5% se encuentra en los estratos de alto y muy alto. La población indígena en estos municipios supera los 2.5 millones de personas, cantidad que representa 64.2% de HU del total de municipios indígenas del país.

De los 50 municipios con el mayor rezago de empleo en todo el país, 39 son indígenas; 30 de ellos se ubican en el estado de Oaxaca con una población de más de 117 mil habitantes; seis en Chiapas con una población de más de 111 mil personas; dos en Guerrero y uno en el estado de Puebla con 39 mil y dos mil habitantes en cada entidad, respectivamente. En este estrato de rezago se encuentran municipios tan importantes, en términos del número de pobladores como Ocosingo, las Margaritas, Chilón, Chamula y Tila en el estado de Chiapas; Chicontepec, en Veracruz y Ayutla de los Libres, en Guerrero, todos ellos con una población superior a las 50 mil personas y con un promedio de población indígena de 70%.

Producto de la marginación y del empobrecimiento de la población indígena, las familias incorporan a todos sus miembros en las actividades productivas. Los menores trabajan en las unidades económicas familiares desde edades muy tempranas, sin recibir salario.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas de 1997, señalan que 16% de los niños y cerca de 10% de las niñas de entre 6 y 11 años realizan actividades por las que perciben un salario. Este porcentaje se incrementa para la población entre los 12 y 14 años: 50% en los varones y 22% en las mujeres.

En el caso de los niños entre 6 y 11 años, la proporción de quienes realizan actividades agropecuarias llega al 90%, y entre los de 12 a 14 años es de 88%. Esta temprana incorporación al mercado de trabajo explica, entre otros factores, la baja escolaridad y la escasa calificación técnica de la población indígena trabajadora.

Ingresos de la población ocupada

Los ingresos determinan las oportunidades personales y familiares de adquirir bienes y servicios considerados parte de la canasta básica. El salario debería cubrir las necesidades familiares de alimentación, educación, salud, vestido, vivienda, acceso a bienes culturales y esparcimiento.

De acuerdo con datos del Censo de 1990, la población indígena ocupada que recibía hasta dos salarios mínimos mensuales por su trabajo alcanzaba 82.4%, y sólo 17.6% recibía ingresos superiores. Sin embargo, al desagregar estos datos se obtuvo que 21% no recibía ingresos por su trabajo, mientras que 18% era remunerado con medio salario mínimo. Dos quintas partes de los indígenas vivían con 20 pesos diarios; 20.4% recibía por su jornada entre la mitad o menos de la mitad de un salario mínimo. La mayoría de las personas que no percibía ingresos se dedicaba a la agricultura y a la ganadería.

Con base en la misma fuente de información, en el caso del estado de Chiapas, 32.5% de los indígenas ocupados no percibía ingresos, 33.1% cobraba hasta la mitad de un salario mínimo, 16% recibía de la mitad y hasta un salario mínimo, y 7.9% entre uno y dos salarios mínimos. En suma, 81.6% de los indígenas chiapanecos percibía como ingreso hasta menos de un salario mínimo. Por otra parte, si bien 32.5% de la población indígena no recibía ingresos, en algunos municipios de ese estado llegó hasta 60%.

En el estado de Oaxaca la situación fue similar: 33% de la población indígena ocupada no recibía ingresos, 32% percibía hasta un salario mínimo y 16% entre uno y dos salarios mínimos. Es decir, 81% de los indígenas ocupados de Oaxaca percibía un ingreso de hasta dos salarios mínimos.

Lorenzo Armendáriz, Fonoteca INI