La permanencia de los pueblos indígenas y su supervivencia histórica en las condiciones más desventajosas ha sido posible gracias a la cultura. Ésta es la base de la identidad, fortalece los lazos de unidad y es el factor que mantiene, reproduce y cohesiona a los pueblos.
Las culturas indígenas poseen maneras propias de ver y entender el mundo, así como formas específicas de organización y cohesión social. Entre las características que las distinguen destacan su integralidad y su modo de vida comunitario. La integralidad consiste en la interrelación de lo imaginario y lo simbólico con lo material y es un elemento sustancial de la cosmovisión indígena. Difícilmente se puede entender esa diferencia si se desconoce el vínculo de los pueblos con la tierra, la que tiene una dimensión que va más allá de la propiedad y de lo productivo. La relación que el indígena establece con la naturaleza se basa en principios de interdependencia, el sentirse parte de la naturaleza y no dueño de ella. De esta manera de concebir su estancia en el mundo se desprenden y adquieren significado su concepción de desarrollo y sus manifestaciones culturales y artísticas. El modo de vida comunitario se refiere a la visión solidaria de hacer las cosas, a las alianzas que hacen posible la cooperación y al sentido comunitario que tiene la organización social, productiva y ritual.
Las culturas de los pueblos indígenas no son homogéneas ni estáticas. La integralidad y los modos de vidas comunitarios expresados desde sus propias circunstancias históricas y geográficas constituyen elementos que las identifican y ponen de manifiesto la diversidad cultural.
En los últimos años, esta diversidad se ha visto acrecentada por la movilidad de la población indígena, principalmente hacia polos urbanos. El asentamiento de pobladores indígenas en nuevos espacios rurales, urbanos e incluso internacionales ha provocado necesarias readecuaciones de sus culturas con la finalidad de permitir su adaptación a las formas de vida en ellos.
En México, la política de asimilación y castellanización que se propuso la integración cultural de los indígenas se sustentó en la concepción de que ellos participaban de una cultura que pertenecía al pasado. El desconocimiento de la composición étnica, lingüística y cultural del país, así como la falta de políticas adecuadas para abrir espacios a la pluralidad fomentan actitudes de intolerancia e incomprensión del mundo indígena. El cine y la televisión han contribuido también a reproducir una imagen estereotipada, folclórica y peyorativa de los indígenas mexicanos, a quienes, en muchos casos, presentan como ignorantes e incapaces de resolver sus problemas.
Diversidad lingüística y cultural
La diversidad es nuestro proyecto. Por ello, pensamos que no puede haber igualdad mientras nuestras lenguas y culturas sigan subordinadas; no puede haber verdad mientras se siga negando nuestra existencia, no puede haber razón mientras no comprendamos que la diversidad es riqueza, no puede haber equidad mientras se privilegie una cultura y se someta a las otras. No puede haber respeto mientras la discriminación persista y no puede haber justicia mientras el flagelo de la marginación social, económica y cultural forme parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos.
Declaración
de los Escritores en Lenguas
Indígensas en torno a la diversdad étnica,
limgüística y cultural de México, octubre de 1997
La escasez de recursos ha impedido a las comunidades indígenas generar excedentes que en parte eran aplicados a su reproducción cultural, obligándolas a recurrir cada vez con mayor frecuencia a la solicitud de apoyos económicos gubernamentales y privados.
La migración constituye otro factor que modifica los sistemas culturales
de los pueblos indígenas e inaugura otras formas de expresión
y recomposición cultural propiciadas por el contacto con los nuevos
espacios territoriales. En este contexto, la integralidad de las culturas
indígenas y los modos de vida comunitario se ven inmersos en procesos
diferenciados de pérdida o de reconstitución desarrollados
generalmente en condiciones adversas. Por ejemplo, la comunidad ha funcionado
como estrategia de sobrevivencia al facilitar el desarrollo de redes sociales
que generan condiciones para favorecer los procesos de adaptación
de los nuevos migrantes, ayudándoles a conseguir vivienda, educación
y empleo, fortaleciendo así los lazos de solidaridad entre los
miembros de la nueva comunidad.
A pesar del incremento de la acción institucional en los últimos años, ésta es aún insuficiente. Los programas culturales desarrollados por las instituciones suelen ser marginales y mantienen una visión patrimonialista, los presupuestos han sido limitados y las acciones desarticuladas y coyunturales.
Los Fondos para la Cultura Indígena (INI) y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se proponen la preservación y desarrollo de las culturas indígenas y el fortalecimiento de solidaridades sociales, étnicas e interétnicas. En el penado 1995-2000 apoyaron 8 765 proyectos culturales.
Ante la diversidad que representan las culturas indígenas urge dar respuestas integrales a las demandas, para lo cual se requiere trazar políticas de atención que reconozcan las particularidades que caracterizan a las culturas indígenas como partes constitutivas de la nación y ampliar la cobertura de los programas culturales.
Las políticas públicas deben reconocer y revalorar las culturas indígenas. La atención y el fortalecimiento de las culturas de los pueblos indígenas redundará en mejores condiciones para el desarrollo integral tanto de los pueblos como del conjunto de la sociedad.
Cultura y demanda indígena
Las propuestas culturales y las solicitudes de apoyo fueron abundantes. Destacan las siguientes:
La necesidad de la preservación, desarrollo y uso institucionalizado de sus lenguas; la preservación de múltiples tradiciones y saberes alimentarios, artesanales y artísticos; el reconocimiento de sus sistemas normativos y formas de organización; el acceso efectivo a los medios de comunicación y al uso de tecnologías de la información como soporte de su labor cultural; la protección del patrimonio "visible e invisible"; la protección y el acceso a los lugares sagrados; la necesidad de formar cuadros técnicos indígenas especializados en la temática cultural; la creación de una infraestructura cultural y el apoyo a los intelectuales y creadores indígenas es una propuesta prioritaria de los pueblos indígenas.
Se suman las demandas de las mujeres indígenas, quienes reclaman el reconocimiento del trabajo que realizan para el desarrollo de sus comunidades.
Foros
de consulta
Instituto Nacional Indigenista
Medios masivos de comunicación
Las tecnologías de la información y de la comunicación han adquirido un valor estratégico. A pesar de la abundancia de información que el tema indígena ha producido en los últimos años en los medios de comunicación convencionales y, de modo novedoso, en las redes informáticas, el tema está ausente en los medios audiovisuales públicos y privados. Frente a ello, existe una demanda indígena definida alrededor de dos ejes: el derecho a la información y el acceso efectivo a los medios de comunicación. La construcción y consolidación de nuevos vínculos entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional podrán lograrse si se modifica y se hacen innovaciones en esta materia.
En los medios audiovisuales comerciales la programación sobre temas indígenas y, en general, sobre la diversidad cultural del país está ausente. Con frecuencia, en el cine, la radio y la televisión se proyecta una imagen denigrante, discriminatoria y prejuiciada del indígena, a quien se muestra como ignorante y reticente al progreso. Por otra parte, las radiodifusoras y los canales de televisión gubernamentales (metropolitanos o estatales) suelen dedicar mayor tiempo-espacio al tema, pero de una manera poco integrada y para un público notablemente más restringido.
Fonoteca INI
Los esfuerzos del INI y del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) son, en este panorama, excepcionales: Radio Solidaridad, del IMER, posee una programación constante en lengua maya para una amplia audiencia peninsular. Asimismo, otras emisoras del propio Instituto tienen programación regular en lenguas indígenas. Por su parte, las 24 emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas del INI transmiten todos los días en 31 lenguas indígenas y en español, para una audiencia de 6 millones de radioescuchas indígenas y casi 16 millones de no indígenas. Las televisoras universitarias, los canales 11 y 22, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, la televisión y radios culturales de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, Radio Educación y Radio Universidad, entre otras, han realizado un importante esfuerzo aunque limitado por la desigualdad de audiencia con los consorcios privados.
En las dos últimas décadas se han llevado a cabo experiencias de comunicación por parte de los propios pueblos indígenas. Más de 200 organizaciones productivas, de derechos humanos y culturales recurren al video y participan activamente en proyectos independientes u oficiales, como es el caso del Programa de Transferencia de Medios Audiovisuales a Comunidades y Organizaciones Indígenas del INI, y las producciones o apoyos que brinda la Dirección de Televisión Educativa de la SEP o el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).
Fernando Rosales, Fonoteca INI
La difusión a través de la Red EDUSAT ha abierto un nuevo campo de posibilidades que podrían potenciarse, mitigar el aislamiento de las comunidades, permitir el uso y desarrollo de las lenguas indígenas y abrir paso a las producciones de grupos comunitarios, intelectuales y creadores indígenas.
Los medios masivos de comunicación pueden ser herramientas privilegiadas para combatir la exclusión, así como para afianzar los valores de la diversidad, dado que son los que tienen mayor penetración en amplios sectores de la población. Es necesario promover, a través de ellos, el reconocimiento a la diversidad e identidad de los pueblos indígenas.
Derechos indígenas
y acceso a la justicia
La justicia es una demanda que ha sido planteada con insistencia por los pueblos indígenas y se centra en dos aspectos. En primer término se reclama el acceso, en condiciones de igualdad, a la jurisdicción del Estado; que se imparta justicia eficaz y con respeto a sus garantías individuales y a su diferencia cultural. En segundo, el establecimiento de nuevos derechos fincados en el reconocimiento de sus especificidades culturales y étnicas.
Hay campos específicos en los que la impartición de justicia es relevante por su problemática: penal, agrario, civil y laboral.
* Penal
En esta materia, en 1991 se efectuaron modificaciones importantes a la legislación penal para incorporar el derecho de los indígenas a contar con un traductor en todos los juicios y procedimientos en los que sean parte, con la finalidad de que las autoridades encargadas de administrar o impartir justicia se entiendan con las personas a juzgar, y los juzgados con las autoridades que los juzgan. De igual forma, se otorgaron facultades a los jueces para allegarse peritajes culturales, con la finalidad de tener en cuenta las costumbres de quienes están sujetos a proceso antes de dictar sentencia. Los peritos culturales explican a las autoridades las expresiones y el significado de la diferencia cultural y su influencia en la comisión de conductas delictivas sancionadas por las leyes penales.
A pesar de estas previsiones legales, no existe todavía una práctica institucional que brinde estos servicios a los inculpados y por lo tanto garantice la salvaguarda de estos derechos, por lo que en gran parte de los casos son derechos nugatorios.
Es común que los indígenas involucrados en procesos penales desconozcan sus derechos, carezcan de una asesoría adecuada en su defensa jurídica y queden en estado de indefensión debido a las condiciones de pobreza en la que viven. La pobreza, además, se erige como un obstáculo insalvable para quienes sufren prisión, ya que en la mayoría de los casos se ven imposibilitados para alcanzar la libertad, al no contar con recursos para el pago de fianzas, cauciones, sustitutos penales, multas y reparaciones de daños. La falta de conocimiento de quienes imparten justicia, la escasa capacitación en esta materia y las actitudes discriminatorias también inciden sobre los derechos de los indígenas.
El cultivo de enervantes, en algunas regiones indígenas, junto con el incremento de la pobreza han incrementado los factores que influyen en la privación de la libertad de los indígenas.
Otro problema radica en la impunidad de quienes ejercen actos delictivos en contra de indígenas y sus comunidades.
En diciembre de 2000, los centros de reclusión que existen en el país registraron 7 431 indígenas privados de su libertad. La mayoría se concentró en reclusorios de los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas y Sonora. El 82.6% de los hechos delictivos en los que se vieron involucrados eran competencia del fuero común.
Los presos indígenas enfrentan dificultades ya que en sus procesos penales carecen de una adecuada defensa, de un traductor, de la consideración de su diferencia cultural y de recursos económicos.
* Agrario
El vínculo y apego que los pueblos indígenas tienen a la tierra, la hace un ingrediente cultural que va más allá de su propiedad.
En los municipios con población indígena existen 26.9 millones de hectáreas rústicas. En los municipios con más de 30% de población indígena existen más de 6 000 núcleos agrarios, 79% son ejidos y 19% son comunidades, aunque también participan de la propiedad privada. En los tres tipos de propiedad predomina el minifundio.
De acuerdo con un estudio de la Procuraduría Agraria (2001), la regularización de las tierras en esos núcleos agrarios apenas representa el 58.9% y el 31.4% de la superficie.
Varios de los conflictos agrarios de mayor dificultad y sin definitividad jurídica se ubican en ejidos o comunidades indígenas. Los principales problemas se dan por límites con otros núcleos, por exclusión de supuestas pequeñas propiedades a su interior y por sobreposición de planos. Estos conflictos limitan el desarrollo de las comunidades y obstaculizan su acceso a programas gubernamentales que se basan en la tierra, y a la protección y usufructo de los recursos naturales.
En particular, existen algunos conflictos agrarios en zonas indígenas que merecen atención especial por el riesgo social que entrañan.
- Chiapas-Oaxaca: comunidades chimalapas y los poblados del noroeste de Cintalapa
- Jalisco-Nayarit: región huichol
- Durango-Zacatecas: comunidad Santa María de Ocotán y Xoconoxtle y ejido Bernalejo de la Sierra
- Durango-Nayarit: comunidades de Santa Teresa, El Nayar, San Francisco de Ocotán y Mezquita)
- Chiapas: zona lacandona, Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza
- Michoacán: meseta purépecha
- Oaxaca: San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, San Juan Lalana y sus anexos
- Sonora: región yaqui. Cajeme, Guaymas y Bacum
Las controversias agrarias surgen principalmente por la posesión de parcelas, por sucesión de derechos, por desacuerdos con los órganos de representación del ejido o la comunidad. En el año 2000, la Procuraduría Agraria recibió 16 810 casos de esta naturaleza en los núcleos agrarios enclavados en los municipios indígenas, de los que 58.4% fueron controversias individuales y el resto por límites con pequeñas propiedades, entre comunidades y ejidos, y por restitución de tierras, bosques y aguas.
La inseguridad en la posesión de la tierra lleva implícita también la de la apropiación de los recursos naturales. Los actos de despojo e invasión, la explotación ilegal de los bosques y la biopiratería ponen en riesgo el patrimonio de muchos ejidos y comunidades indígenas.
* Civil
La falta de documentos del registro civil es una realidad que afecta a los integrantes de las comunidades indígenas. El difícil acceso al registro civil por parte de los indígenas limita su acreditación ante los órganos de administración y procuración de justicia, y la posibilidad de recibir servicios públicos y participar en programas gubernamentales. Carecer de acta de nacimiento no es sólo la falta de un papel, sino la imposibilidad de acreditar la identidad y la nacionalidad de un individuo.
No se cuenta con un diagnóstico general sobre la dimensión de este problema, pero un estudio realizado en el año 2000 por el INI en seis comunidades de Guerrero, detectó que alrededor del 30% de sus habitantes no poseía acta de nacimiento. Es presumible que esta dimensión se comparta en la mayor parte de las regiones indígenas.
En el subregistro influye la dispersión de la población indígena y la lejanía de las oficialías de las comunidades, el costo del traslado y el pago de servicios extemporáneos. Influye también no contar con el servicio en la lengua propia.
* Laboral
El proceso creciente de migración de los indígenas en busca de opciones laborales, que los incorpora como jornaleros agrícolas y trabajadores, no ha ido acompañado de la protección de sus derechos. En general, los indígenas migrantes se encuentran en estado de indefensión, más aún en la situación de los migrantes internacionales indocumentados.
El apoyo legal a los migrantes indígenas representa un reto, especialmente en materia de difusión y capacitación.
El Senado de la República ratificó, en 1990, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y el Ejecutivo Federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación ese mismo año, que entró en vigor en 1991. En 1992 se reconoció en la Constitución, en su artículo 40, la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, con lo que se sentaron las bases para la promoción y defensa del desarrollo de sus lenguas, culturas y formas específicas de organización social; y estableció el derecho de los pueblos indígenas a acceder efectivamente a la jurisdicción del Estado.
La
reforma a los artículos 1°, 2°, 18 y 115 de la Constitución,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto
de 2001, profundiza ese reconocimiento, especialmente en el artículo
2°. En él se reitera la composición pluricultural de
la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas
y se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía
para decidir sus formas internas
de convivencia y organización social, económica, política
y cultural; a aplicar sus normas en la regulación y solución
de sus conflictos internos, entre otros.
Asimismo, establece obligaciones a la Federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades, eliminar prácticas discriminatorias y para establecer las instituciones y políticas que garanticen la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las que deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
A pesar de los significativos avances que los pueblos indígenas han logrado en el marco jurídico, muchos actores indígenas y no indígenas han expresado su inconformidad ante la reciente reforma y han señalado la necesidad de seguir trabajando, tanto para profundizar esos derechos en leyes secundarias y en legislaciones estatales y normas municipales, como en el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho colectivo, y su derecho al territorio, al uso y disfrute de los recursos naturales y a su participación en diversos ámbitos de representación política y órdenes de gobierno.
El reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y su ejercicio efectivo es uno de los pilares esenciales en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad.
La presencia internacional de la temática indígena ha crecido notablemente desde la histórica reunión de Barbados I (1971). Los pueblos indígenas, que no poseían representación formal en ninguno de los organismos de Naciones Unidas ni en los del Sistema Interamericano, han logrado avances significativos. Destacan la proclamación, en 1993, del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; el establecimiento del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo en 1994; y la creación en el año 2000 del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas con el mandato de examinar aspectos relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos en el seno del Consejo Económico y Social (ECOSOC). No obstante, la aprobación de dos instrumentos en materia jurídica internacional han sufrido retrasos considerables: la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en la que se reconocerán los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, y la Declaración Americana, elaborada en el seno de la Organización de los Estados Americanos.
Por otra parte, al Instituto Indigenista Interamericano, con representación
solamente gubernamental, se sumó en la década pasada el
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe ya con representación paritaria, tanto de indígenas
como de gobiernos. Ambos organismos requieren hoy de una reestructuración
y reorientación para cumplir su papel de apoyo a los pueblos indígenas.
En
este contexto resulta necesario promover la presencia indígena
en los escenarios bilaterales y multilaterales en los que participa México,
tanto frente a organismos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema
Interamericano, como de cooperación internacional; respaldar los
trabajos del Relator especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas;
incrementar los apoyos para la difusión cultural otorgados por
la Secretaría de Relaciones Exteriores; e impulsar los trabajos
de los foros, comités y grupos de trabajo con representación
indígena, así como en el seno de las Cumbres.
