fuerza entre los diferentes grupos que integran el Estado”.² La relación de fuerza se expresa en las categorías quedando difuminadas bajo la neutralidad numérica fundamentada en “la idea de que el objeto a ser enumerado existe previamente y por fuera de las estadísticas”.³ Es así que se derivan criterios operacionales sobre la diversidad para agrupar lo contabilizado como reconocimiento de identidades, orígenes comunes, territorialidades específicas, pertinencias lingüísticas y culturales definidas desde el Estado. Con los datos obtenidos se construyen indicadores que, a su vez, son ajustes a la visión que sobre una fracción (o fracciones) de la realidad tiene un sector social.

Aproximación al problema 2

La lógica de los indicadores sobre pueblos indios, en los regímenes que se autopostulan como democráticos, no escapa ni está fuera de la manera que esos mismos ”demócratas” tratan la diversidad sociocultural. Es decir, son de los temas tratados antidemocráticamente desde una perspectiva única y gestionados desde un modelo monocultural.

Si se toma el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se encuentra que dentro de los Grupos Prioritarios están los Pueblos y Comunidades Indígenas⁴ que, en primer lugar, califica como “rezago” a la migración que realizan⁵ y, luego, sentencia “(…) uno de los principales retos que enfrenta la acción institucional para la inversión en cuestiones indígenas es la dispersión poblacional y su aislamiento geográfico”.⁶ Lo cual refrenda: “uno de los principales problemas que enfrentan es su dispersión y aislamiento”.⁷ Y, para los pueblos indios del país, el PND 2007-2012 propone como estrategia⁸ la promoción de manifestaciones de las culturas indígenas “(…) lenguas, indumentarias, fiestas, ritos, danzas, cantos, música de banda, lugares sagrados, cosmovisiones, artes plásticas, gastronomía”.⁹ Vale decir, la cosificación exótica del lugar común.

El fenómeno migratorio de los pueblos indios visto así, como atavismo (rezago) intrínseco, queda fuera de cualquier consideración socioeconómica histórica, en tanto respuesta sociocultural a una franja del abanico de relaciones entre pueblos indios y Estado mexicano, que dan los primeros al “abandono” del segundo y de las responsabilidades asumidas de éste sobre el conjunto de la población nacional. Se réplica la argumentación alrededor de la dispersión poblacional de los indígenas y su, supuesto, aislamiento geográfico dado, también, como dato intrínseco de la definición de pueblos indios. Y no como resultado, presente, de procesos históricos con relaciones concretas de poder y acceso diferencial a recursos para la supervivencia y la reproducción biosociocultural. ¿Han participado los pueblos indios en la toma de decisiones de cómo debería ser el trazado del sistema carretero nacional? Según esta estrecha visión los pueblos indios, que en territorio mexicano viven, deberían estar concentrados y no moverse de sus lugares de concentración, así el Estado a través de su acción institucional podría realizar las “inversiones” necesarias. Es decir que hay una continuidad en la República (doscientos años, casi, de su  proclamación) del pensamiento colonial (Reducciones

de Indios). Y todo pensado en costo–beneficio en términos de indicadores vistos y aplicados desde la postura criollo–mestiza hegemonizante; los pueblos indios se ven, un poco, y hay otros, los negros, que son estadísticamente invisibles.

Desde cierto ámbito los indicadores son como señales o mojoneras que, en su relación, generan focos de atención dependiendo de lo que busque y las preguntas que se haga el que los utiliza. Es decir, que son instrumentos y, como todo instrumento conceptual, su(s) definición(es) es(son) clave(s); a la vez que imponen la necesidad de establecer sus medios de verificación y sus escalas de calificación. Y la construcción de este instrumento (teniendo en cuenta las dificultades prácticas) es ¿unicultural o intercultural? para el caso de los pueblos indios y, si es posible, como dirían los lingüistas ¿es o no émico?, ¿qué camino o combinación de caminos se eligen?

Aproximación al problema 3

En 1993 la institución gubernamental especifica para los pueblos indígenas hace una primera presentación de herramientas contables: “Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 1990”.¹⁰ En el cual, se dice a al letra: “Lo que aquí presentamos son los resultados del análisis de datos por localidades o integración territorial del Censo General de Población y Vivienda 1990. Primero se identificaron todas aquéllas localidades que reportan hablantes de lenguas indígenas y posteriormente, se formaron tres grupos: 1) localidades eminentemente indígenas o localidades con 70% y más de hablantes de lengua indígenas (HLI), 2) localidades eminentemente indígenas o con 30% al 69% de HLI, 3) localidades con población indígena dispersa o de menos de 30% de HLI. Estos tres grupos o tipos de localidades se ubicaron también por entidad federativa y municipio”.¹¹

Con esta autopresentación se enfrenta al texto, cuadros, gráficas, mapas y anexos, dados en papel y en disquetes. Lo primero que resalta es que no hay ninguna razón, es decir, nada que justifique en términos antropológicos o sociológicos la arbitraria ordenación en los tres tipos de localidades planteadas. Sólo se puede pensar en un razonamiento del siguiente tenor: Dónde se concentra, según el Censo, la mayor cantidad de población de HLI para que mi poco presupuesto luzca. Lo segundo que llama la atención es que, pesé al supuesto enfoque en localidad, los resultados son agrupados en términos municipales. Aglutinación de resultados que distorsionan los datos de campo y que expresan la visión nacional municipalista hegemonizante. El municipio como coto del poder político y uno de los pisos establecidos de gobernabilidad (federal, estatal y municipal), a al vez que, distribución políticoterritorial con fronteras administrativas impuestas e inviolables. El planteo de la remunicipalización de Las Cañadas después del levantamiento del EZLN no fue arbitrario, no olvidar, y el ejercicio autónomo del poder en ese “tercer nivel de gobierno” tampoco. En el campo de la cuestión india se tiene que hay municipios cuyas cabeceras son mestizas y sus agencias de policía son indias; y éste hecho, con base a la calificación de referencia, implica que, por ejemplo los recursos  federales  del  ramo  33  y  38  puedan  ser  acaparados  por  la  cabecera

municipal mestiza mientras que el gobierno federal predica que apoya con sus aportaciones a los pueblos indios (aunque estos, que viven en las agencias-localidades no reciban nada y si reciben algo es por dádiva regia del presidente municipal en turno). No es que no haya normas para la utilización de los recursos federales, sino que la aplicación de las mismas depende, en este caso, de la voluntad política local-regional. Lo tercero que llama la atención es que se ofrecen, según el título de la obra, indicadores económicos de las poblaciones indígenas del país cuando, en realidad (y lo único que se encuentra) son datos de población ocupada por sector (primario, secundario y terciario) y no más, con lo cual no se puede hacer un acercamiento a la economía indígena en el lugar de que se trate en la geografía nacional.

Pasados algunos años, en el 2002, se repite lo anterior con una presentación más sofisticada: “Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos indígenas de México, 2002”.¹² En la Presentación, el Director General del INI en funciones escribía: “(…) existe la necesidad y el reto de generar información sociodemográfica que permita dar cuenta tanto de fenómenos sociales como de la pluralidad y la diversidad que nos dan los pueblos indígenas, en tanto referentes cuantitativos, que permitan identificar problemas prioritarios de atención para combatir rezagos y brindar igualdad de oportunidades; como las desigualdades en la condición de género, o la disponibilidad y uso de servicios médicos”.¹³ A este texto se le pueden hacer algunas preguntas rápidas del siguiente tenor: ¿desde qué punto de vista y quién tiene la necesidad de generar información sociodemográfica? (teniendo en cuenta que la afirmación la hace funcionario público que se dice parte de una comunidad indígena, la mixe, y cuando la pluralidad de la diversidad son hechos ya reconocidos a nivel constitucional); ¿desde dónde son vistos los rezagos y las oportunidades?; ¿la condición de género respecto a un universal de género, a una urbanidad del mismo o a cómo esto se gestiona al interior de un complejo sociocultural específico?; ¿los recursos de salud de un pueblo indio son sólo los servicios médicos del modelo hegemónico y su disponibilidad y, si es así, en dónde quedan los recursos de salud de la medicina tradicional?

Entrando en el contenido de estos Indicadores los coordinadores del trabajo nos explican lo realizado. Primero justifican la “(…) omisión y no inclusión de muchas localidades indígenas, debidas a los problemas de accesibilidad”,¹⁴ entendiendo accesibilidad en tanto aislamiento geográfico. Asentando, a su vez, que el criterio de hogares les parece fundamental para cubrir el universo temático (aporte del Consejo Nacional de Población, CONAPO). De ahí, para no asumir explicaciones, se escudan en otros diciendo: “La definición de las regiones indígenas más usadas por investigadores y también instituciones como la Secretaría de Salud, Conapo o Sedesol entre otras, califica como municipio indígena a todo aquél con una población de hablantes mayor al 40%...”.¹⁵ Y aquí “olvidan” la reflexividad (Popper) que desde el informe de 1993 se generó desde la propia institución INI hacia las instituciones publicas y la sociedad. Es decir, de manera más sofisticada se continúa sin dar definición antropológica o sociológica de la división tomada como referencia,  aunque sí se  asume  la  elección institucional  de  orden  administrativo:

“una solución que de manera operativa realizó el INI para efecto de las necesidades de trabajo institucional, ha sido definir a las localidades con más del 30% de HLI como universo de interés”.¹⁶ Este “universo de interés” genera problemas que, en ciertos casos, pueden ser serios y/o graves; por ejemplo, cuando se traduce en manuales de operación (santificados como criterios de inversión pública federal por la Secretaría de Hacienda). Es decir, si se tiene una lengua a punto de extinción (como es el caso, entre otros, de los Chontales de Oaxaca –Tequisclatecos–), como están fuera del universo de interés, es decir, que no son elegibles, no está habilitado (en términos de inversión pública federal y con criterios auditables) para realizar acciones de financiamiento que impliquen su rescate. Salvo que se apele a disfrazar o encubrir el proyecto, o que se desvíen fondos de otro, o que se hagan acuerdos extranormativos. Al elegir definiciones mal hechas de origen se obliga a realizar acciones de poca o nada transparencia.

En el texto se distribuye la población indígena a nivel municipal¹⁷ en municipios con menos de 40% de HLI que son divididos en dos; por un lado los que tienen menos de 5 mil HLI y, por el otro, los que tienen más de 5 mil HLI; sin aclarar en que limbo quedan los que están entre 30% y 40% de HLI elegidos “por definición” sin definir anteriormente. También, en el mismo cuadro de referencia, se agrupan los municipios de 40% a 69% y con 70% y más de Pueblos Indígenas (PI). Y lo de las localidades vuelve a quedar oculto aunque, ahora, los coordinadores plantean que “(…) queda pendiente profundizar en el análisis de estos resultados, particularmente lograr su construcción a nivel de localidad (…)”.¹⁸ Pese que para agrupar a nivel municipal tuvieron que contar con los datos a nivel de localidad, es decir que en sus manos estuvieron los datos primarios.

En páginas posteriores¹⁹ se dice que se tratan las cuestiones “económicas” de los PI, mismas que son reducidas a: (partiendo de HLI por grupo etario y género) PEA; sector primario, secundario y terciario; y recepción o no y cantidad de salarios mínimos mensuales. Datos que son desagregados por entidad federativa, a nivel municipal (Cuadro 7), en: Población de 12 años y más; Activa e Inactiva; Ocupada y Desocupada; y por Sector de Ocupación (primario, secundario y terciario). Para luego tratar los ingresos (Cuadro 8), también a nivel municipal, en población con y sin ingresos; y salarios en menos de 1 Salario Mínimo Mensual, de 1 a 2 SMM y más de 2 SMM. En el cuadro 11 es donde se da el numero de localidades que tiene cada municipio por entidad federativa; sin poder verificarse cuales son estas y sus condiciones censales concretas en cada una, ya que los datos son promediados municipalmente.

Pese a los años transcurridos desde la primera versión de los Indicadores y a las necesidades repetidamente planteadas por los Centros Coordinadores Indigenistas (CCI), en tanto que tener lo datos a nivel de localidad era importante para el propio trabajo institucional, se insistía desde las Oficinas Centrales del INI en ofrecer agregados municipales y sus promedios globales, lo cual, se repite, son distorsionadores a nivel de trabajo concreto en geografía específica. Por ejemplo, el trazado de una carretera troncal, de libre tránsito, que pase por un rincón del territorio  municipal y lejos  de una cabecera   municipal  genera  nuevos centros  de

población o potencia económicamente a localidades de vieja data y produce traslados permanentes de población de la cabecera a las localidades que quedan sobre las carreteras. En concreto, y como ejemplo, entre otros muchos, la carretera federal Cristóbal Colón en su tramo Oaxaca–Tehuantepec creó una nueva localidad (El Coyul) a partir de un campamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que era para la construcción de la propia carretera, que luego pasó a ser una residencia de mantenimiento de la cinta asfáltica y ahora es una agencia municipal con parador de camiones, negocios de comida, misceláneas y talleres mecánicos, eléctricos y de talachas con población zapoteca migrante de la región. Sobre la misma carretera, El Camarón, que era una ranchería, se convirtió en Agencia y en centro comercial para los municipios del Distrito de Yautepec, cuyas cabeceras están en las serranías de la Sierra Sur. La Reforma, ranchería Chontal sobe la misma carretera, pasó a Agencia Municipal y, por actividad comercial y número de población, hoy presiona para que los poderes municipales de Santa María Ecatepec les sean transferidos en una situación de conflicto creciente. Es evidente que los indicadores así formulados y agrupados no permiten la toma de decisiones operativas adecuadas a la institución cuyo objetivo primordial es la atención de la población indígena del país.

Problemas en Oaxaca

Con la desaparición del INI, que transfiere sus activos y responsabilidades a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),²⁰ se distribuye en la institución dos discos compactos (CD), de Cédulas de Información Básica a nivel, ahora sí, de localidades por entidad federativa con datos del Censo 2000 y Conteo 2005. En esta entrega ya no hay referencia a los datos mínimos económicos (PEA, salarios, sector, etc.) que se ofrecían anteriormente.

Si bien ahora se disponía de nombres, claves y datos de población de localidades por municipio y por entidad federativa, su verificación en campo presenta problemas en el universo de localidades con HLI. El personal de oficinas centrales de la CDI extrajo mecánicamente del Censo 2000 y Conteo 2005 las localidades con HLI sin comprobar en campo su pertinencia. La CDI heredó del INI toda su infraestructura de ocupación territorial nacional, es decir Centros Coordinadores Indigenistas y Radios con personal conocedor de las distintas regiones, sin embargo no utilizó esta capacidad instalada para realizar ni siquiera un muestreo aleatorio de los datos que le proporcionaba el INEGI. Replicó los errores de INEGI. INEGI gira un escrito a las cabeceras municipales solicitándoles que estas ratifiquen o rectifiquen las localidades que integran el municipio. Las presidencias municipales contestan o no este requerimiento. En aquellos casos en que el municipio no contesta a INEGI, éste da sus datos como buenos, sin ningún otro tipo de verificación metodológica.²¹

El primer aviso de distorsión surge en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla (Entidad Federativa 20, Municipio 337) en la región mixe, y se da como localidad a Rumbo a la Primaria (Clave 0032) que es donde la comunidad de la cabecera municipal decidió que se instalara la Escuela Primaria y que está dentro del casco urbano  del  pueblo.  La segunda  llamada de  atención aparece  en  el  municipio de

Santiago Comaltepec con el paraje Llano Tierra, paraje donde los Chinantecos decidieron instalar su aserradero comunal. En el paraje no vive nadie, diariamente van los designados para trabajar en el aserradero y regresan a sus casas terminadas sus tareas, sin embargo, aparece como localidad. Ambos casos dieron pie para comenzar a contrastar los datos de localidad, proporcionados por Oficinas Centrales de la CDI con las localidades reales en la geografía oaxaqueña a veces por los dichos de los habitantes con municipios de población indígenas y otros por observación directa. Cómo el problema se presentaba de una dimensión inalcanzable para el Estado de Oaxaca, ya que el INEGI daba 10 519 localidades para el año 2000, 10 185 para 2005 y 12 319 para julio de 2009.²² Cantidades que diferían notablemente con las proporcionadas por el CONAPO con 8 008 para el 2000 y 7 871 para el 2005.²³ Se recurrió a la infraestructura instalada de la CDI en Oaxaca para realizar un muestreo en 92 municipios (16% de los 570 que tiene esta entidad federativa) que, según CDI Oficinas Centrales, contaban con 2 977 localidades. El muestreo dio que 775 de las mismas presentaban problemas (26%).²⁴

Los 775 casos de localidades con problemas se tuvo que: 189 no existen (24%); 123 son grupos familiares en parcelas de trabajo temporal; 26 son barrios de las cabeceras municipales; 85 son grupos familiares en las periferias de las cabeceras municipales. Además, en este pequeño universo explorado, hay casos de cambios de nombre como, por ejemplo entre otros Junta de Dos Arroyos por Pié de la Cuesta en el municipio de Mesones Hidalgo; Chirimoya por Pié de la Cuesta en Putla Villa de Guerrero; Colonia Linda Vista por Tierra Blanca en el municipio de Abejones. Localidades distintas con la misma clave en el mismo municipio, por ejemplo La Luz Rachelle y Llano Nopal las dos con la clave 0066 en Santiago Juxtlahuaca. En el corazón de la mazateca y chinanteca baja (afectados y desplazados por las presas del Papaloapan) se dan casos como en Acatlán de Pérez Figueroa con 211 localidades, de las cuales se reportan 63 en que no hay HLI, en Cosolapa de 58 localidades se reportan 16 sin HLI, en San Pedro Ixcatlan de 30 localidades 2 sin HLI. Lugares todos que, por distintas razones hacen sus asambleas comunitarias en mazateco o chinanteco. En la zona huave o ikoods, en el municipio de San Dionisio del Mar se hacen pasar por localidades a dos lugares con dos techos de palma como viviendas, cuando en realidad son los depósitos de artes de pesca de dos cooperativas pesqueras cuyos miembros viven en la cabecera municipal. Lo mismo ocurre en San Francisco del Mar con dos localidades, de una vivienda cada una que son, en realidad y también, depósitos de artes de pesca de cooperativistas que viven en Santa Rosa y en Puerto Estero. Hay localidades de un municipio que aparecen registrados en otro como es el caso en Santa María Chimalapas donde Nueva Jerusalén queda ubicada en el municipio de Cintalapa (Chiapas) y López Portillo en San Miguel Chimalapas. O, en el mismo municipio de Santa María Chimalapas, en donde no se registran localidades importantes (relativamente, por supuesto) como La Lucha y La Esperanza Paraíso. Hay otros casos en que se sostiene la existencia de localidades que hace más de una década fueron abandonadas, como se da en el municipio de Santa María Huamelula, zona Chontal baja, con El Poyote, Las Jícaras, El Mojón y Rancho Maximino Cruz.

Para completar se tiene el caso del municipio de Concepción Pápalo, que para INEGI 2000 tiene 15 localidades y en el 2005 14,²⁵ para COPLADE (Comité de Planeación del Estado de Oaxaca) y para DIGEPO (Dirección General de Población de Oaxaca) en el año 2000 con 15 localidades y para el 2005 con 14,²⁶ mientras que para CONAPO en el 2000 tiene 14 y en el 2005 12 localidades.²⁷ Cuando se le pregunta a las autoridades municipales si tienen 12, 14 o 15 localidades en el municipio la contestación es clara “solamente tenemos 8, 6 son barrios de capillas de las cabeceras”.²⁸ Al ser consideradas como localidades cada uno de los 6 barrios de capilla, más la cabecera municipal misma, es decir 7 localidades, ninguna cubre por sí sola el requerimiento de 100 personas para poder instalar una clínica básica de salud. Esto obliga a las autoridades municipales a “favores” de los funcionarios y a reafirmar el clientelismo político hacía intereses ajenos a la comunidad, para poder obtener un servicio que les corresponde como ciudadanos, mismo que les es negado en razón de supuestamente no cumplir con los mínimos formales requeridos por la fragmentación comunitaria manifestada en el tipo de agrupación numérica y espacial que expresa el Censo y reproduce CDI.

A modo de conclusión no definitiva

Lo anterior denota que la confiabilidad de los datos ofrecidos puede ser razonablemente puesta en duda. Y más, si se tienen en cuenta que antes de hacer circular estas informaciones la CDI tenía y tiene la suficiente presencia territorial nacional como para validar los datos a nivel localidad antes de darlos a conocer; y que al no hacerlo y replicar la información del INEGI ponía en desventaja a la población objeto de su propia acción institucional. Hay que tener en cuenta que durante el período 2003-2006 del indigenismo de Estado, primó la frivolidad publicitaria sobre la consistencia del trabajo institucional y que por lo tanto no solamente se desdeñó la capacidad instalada (humana y en infraestructura) sino que, además, incumplió con su mandato de creación por el cual perdió la oportunidad de elevar una recomendación al INEGI para que éste corrigiera sus errores metodológicos.

Cuando los datos y su formulación en indicadores son utilizados para tomar decisiones sobre los servicios que son responsabilidad del Estado (educación, salud, agua, electrificación, etc.) y estos son referidos a población indígena, con base en los problemas detectados ¿qué confiabilidad tienen las metas programadas?, ya que estas se establecen con pesos y centavos, vale decir con presupuesto. ¿Qué distorsiones se producen cuando, por la combinación de indicadores, se construyen índices?

Por otro lado sorprende la carencia de indicadores nacionales, en cualquier nivel de agregación, referidos a la economía de los pueblos indios; no hay en las cuentas económicas nacionales ningún marcador étnico, como tampoco los hay en cuanto a los recursos con que cuentan en los territorios legalmente asignados a los pueblos indios (ejidos y comunidades de derecho y de hecho). No hay manera de saber con claridad, utilizando los indicadores económicos del país, cómo y en qué participan los  pueblos  indios  en  la   economía  nacional  y  en  los   mercados  nacionales  e

internacionales. Esta carencia induce visiones de distintos ordenes de y sobre los pueblos indios. Por un lado se los toma como depositarios de la caridad pública y privada, con lo cual se afirman ideologías paternalistas que son nulificadoras de las iniciativas locales convirtiendo a la población objeto de dicha caridad (en nombre del desarrollo, combate a la pobreza y demás) en recipientes pasivos y, en el mejor de los casos, pepenadores hábiles de subsidios. Junto a lo anterior se promociona tanto desde y en la burocracia oficinesca institucional como en amplias franjas de organizaciones no gubernamentales, la confección de diagnósticos de carencias, justificatorios de políticas públicas y privadas reproductoras de lo que dicen combatir y transformar; en ningún caso combaten la desigualdad. Y es de aquí que no se cuenten con diagnósticos de potencialidades de transferencia y de apropiación tecnológica, de inserción económica transformadora a partir de carencias socioculturales propias, de manejo adecuado de los recursos naturales en beneficio de los propios pueblos indios y que se carezcan de políticas públicas coherentes para con los mismos.



Referencias

Para citar este artículo:

Rodríguez, Nemesio J. (2011). La distorsión de las políticas públicas por deformación de la información censal indígena a nivel localidad: Apuntes desde Oaxaca. Cultura y política. Recuperado el [fecha de consulta] de http://www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/cultura_politica/nemesio_rodriguez_20110204.html