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Aproximaciones sobre minería y pueblos indios en México: contextos, conflictos y tránsitos posibles
Nemesio J. Rodríguez
1.- En el conjunto de la sociedad mexicana se ha establecido ya, a diferencia de fines del siglo pasado, que la minería en el país conlleva conflictos. Se distinguen, de manera gruesa, tres subconjuntos: los que están en contra de la minería y que se agrupan por distintas razones (ambientales, socioculturales, defensas territoriales y/o una combinación de las anteriores); los que están a favor de la minería esgrimiendo argumentos económicos y legales (generación de empleos, derrama económica local-regional, atracción creciente de inversiones y observancia de la normatividad para la obtención de concesiones territoriales por autoridad competente); y la gran mayoría de la población que recibe, vía los medios masivos, informaciones fragmentarias e interesadas de ambos grupos anteriores sin tomar posición. Los dos grupos de interés, a favor y en contra, en general no dialogan entre sí y sostienen posiciones cuasi fundamentalistas sobre el tema.

2.- Está implícito, pero es necesario explicitar, que la minería y sus derivados forman parte fundamental de la vida cotidiana tanto rural como urbana. El cobre sigue siendo uno de los componentes importantes de la transmisión eléctrica; el acero de alta especificación permite la confección de bisturíes imprescindibles en las salas de cirugía; los motores a explosión de camiones, camionetas, automóviles y fuera de borda, hasta ahora, están hechos con aleaciones de hierro en su cuerpo básico; el aluminio sigue siendo componente estructural en la construcción de aviones; el machete, el arado, la hoz y la guadaña no se conciben sino son de metal; lo mismo ocurre con las campanas, ollas, jarros, sartenes y cubiertos; y un largo etcétera. Para completar, sin agotar, se tiene el reciente fenómeno de masividad de los teléfonos celulares que, sin duda, han cambiado e incrementado el flujo de informaciones de y entre personas intra y extra comunitarias pensando, por ejemplo, en los jornaleros y migrantes y en los desplazados; estos teléfonos serían impensables sin el coltan.1 Es decir, nadie está dispuesto hoy a renunciar, en concreto, a los productos que se obtienen, y son derivados, de la minería en la vida cotidiana.

3.- El  fenómeno del  auge minero en  el país es parte  de una situación
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mundial, en general, y de América Latina, en particular.2 Por un lado, se tiene la crisis especulativa y de concentración económica y financiera que estalla en el 2008, y a la cual no se le ve final próximo, lo que genera las condiciones para que parte del capital busque refugio en los metales preciosos (oro y plata, principalmente); y de manera cada vez más recurrente aparece en los discursos “expertos” la necesidad de volver al oro como patrón base de los intercambios comerciales internacionales ante la situación del dólar y el euro. El oro se convierte así en un activo seguro y las inversiones relacionadas con su extracción y transformación en muy rentables, si se tiene en cuenta que entre 1999 y 2010 incrementó 560% su valor.3 Otra arista del contexto minero es el vertiginoso crecimiento de China e India que requieren de mayúsculos recursos minerales, y de todo tipo, para su explosiva transformación, y que ante el horizonte de agotamiento de recursos en el África Subsahariana han puesto la mira en América Latina, comenzando a competir con las empresas mineras nacionales y anglosajonas. Y esto, en pleno proceso de la denominada “tercera revolución industrial de la era informática y digital y el ingente requerimiento de componentes metalíferos y minerales para la producción en masa de nuevos productos electrónicos y digitales“ que, a su vez, estimulan una nueva carrera mundial por el control y apropiación de territorios con minerales.4 En esta coyuntura global, los países de América Latina y el Caribe (salvo Cuba), con y sin tradición minera, han cambiado sus legislaciones y normativas administrativas para facilitar y atraer capitales para la inversion en minería. Así se tiene que en Centroamérica (Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica) el 14% del territorio ha sido concesionado, cuando sólo el 7% se destina a la agricultura. En este caso sobresale Honduras, con el 31% de su territorio en manos de mineras.5 En la amazonía peruana, en 2004, el 15% estaba concesionado a las mineras, y para el 2010 llegaba al 75%, con 5,812 concesiones y una pérdida de 1.5 millones de hectáreas de bosque amazónico.6 Siguiendo con el Perú, la CONACAMI informa que el 72% del territorio nacional está concesionado a empresas extractivas transnacionales.7 En el contexto regional hay países con fuertes empresas estatales que participan en los mercados mineros nacionales e internacionales (Codelco en Chile, Comibol en Bolivia, CVG y CVGMinervan en Venezuela, Enami en Ecuador) a diferencia de México, actualmente con una total ausencia estatal dentro de este sector, al cual desincorporó.8

4.- En México, la propiedad social de la tierra (ejidos y comunidades, asiento territorial de poblaciones indígenas) legalmente asignada, ocupa el 51.6% de la superficie continental; la pequeña propiedad (propiedad privada, donde también hay indígenas), el 37.1%, y la propiedad pública (también con indígenas), el 11.3%.9 Si se considera que el 70% del territorio nacional tiene potencial minero, y la mitad de todo el territorio nacional es de propiedad social,10 nos encontramos con una ampliación de los frentes de contacto entre minería y pueblos indígenas, así como con un crecimiento del potencial de conflictos en el mismo espacio.

5.- Alrededor de la minería y concerniente a los pueblos indios de México, se tiene el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Agraria) y la Ley Minera, como normativas
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fundamentales directas; sin olvidarse que hay otras leyes concurrentes que completan el panorama, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Salud, Ley Forestal, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y la Ley de Pesca, entre otras. En el Convenio 169, su artículo 15 se refiere a la minería y recursos del subsuelo en territorios indígenas, y plantea la consulta como fundamental. En tanto Tratado Internacional, ratificado por el Gobierno de México, está por encima de las leyes federales, y el tema de la consulta es reafirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su dictamen de obligatoriedad y de la aplicación de normas que permitan el consentimiento previo libre e informado de las poblaciones indígenas.11 El Artículo 27 constitucional plantea, en su párrafo 4°, la propiedad de la Nación de los recursos minerales metálicos, y que puede concesionar su explotación sin transferir su propiedad. El Artículo 73, fracción X de la Constitución, faculta al Congreso para legislar sobre minería; y la Ley Minera determina que es de utilidad preferente sobre cualquier otra actividad en el terreno, con lo cual se puede llegar a la expropiación territorial para poder realizar actividades mineras sobre cualquier otro tipo de interés. En el artículo 13 de la Ley Minera, en su párrafo 3°, se refiere a las poblaciones indígenas en su posibilidad de ser preferentes “siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento”; y en el artículo 13 BIS les da el “derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante” para poder ser considerados concesionarios preferentes. En el artículo 19 establece que el titular de una concesión puede “realizar obras y trabajos de exploración y explotación dentro de los lotes mineros que amparen” ya que, por el artículo 15, con la concesión se obtienen “todos los minerales y sustancias sujetos a la aplicación de la ley” y, en el párrafo cuarto, se determina que las concesiones son por 50 años renovables. El legislativo determinó una preferencia condicionada para las poblaciones indígenas, además de ignorar las condiciones reales de vida de estas poblaciones, ya que al ocupar mayoritariamente los lugares de pobreza y pobreza extrema, ninguna de las comunidades indígenas del país está en posibilidad real de ofrecer mejores propuestas económicas ante transnacionales mineras. Además, los dueños del suelo (propiedad social y pequeña propiedad) no son los mismos que los dueños efectivos del subsuelo (los concesionarios mineros); no coinciden. Y los dueños efectivos del subsuelo se rigen por una normatividad que desconoce y está por encima de los derechos de los pueblos indios; ignora la consulta y el consentimiento previo libre e informado sobre los proyectos mineros.

6.- A nivel internacional, se hace hincapié en la Responsabilidad Social de la Empresas (RSE) y sus consecuentes compromisos ambientales y de respeto a los Derechos Humanos.12En estos Principios Rectores se colocan como actores principales a los Estados y las empresas y, por lo tanto, se amplía la observancia de los Derechos Humanos, fincada normalmente en los Estados, también a las empresas. Sin embargo queda a “voluntad” de las empresas su observancia; es decir, es opcional. El ¿cómo operar los Principios Rectores? no está nada claro, y menos en un marco internacional más marcado por las relaciones bilaterales que las multilaterales y con mayor peso de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
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que el que tiene la Organización de las Naciones Unidas; con mayor presencia y potencia de poderes fácticos (transnacionales) que los formales y legales internacionales. Y dentro del mismo sistema de la ONU se ponen reparos a estos Principios Rectores:

... he tomado nota de la ambigüedad significativa sobre el grado o forma en que los principios rectores se refieren a las normas de derechos humanos que conciernen específicamente los pueblos indígenas. He observado una falta generalizada de comprensión, convicción y mucho menos, que los derechos humanos que los Estados deben proteger en el marco de las actividades empresariales, y que las empresas deben respetar, incluidos los derechos específicos de los pueblos indígenas, en particular aquellos que se afirman en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.13


7.- Entre los años 2000 y 2010, se expiden 26,559 títulos de concesiones mineras en México, que significan el 35% del territorio nacional.14 En 2010, hay 301 empresas con proyectos mineros en el país cuyo, origen y orden de importancia por número de proyectos es el siguiente: Canadá (202); EE. UU. (51); México (14); Australia (7); China (7); Japón (6); Reino Unido (4); Perú (2); Corea (2); Chile (2); Italia (2); Bélgica (1); e India (1).15 Según la estructura de la producción minera en oro y plata, por tamaño de las empresas, se tiene que la Gran Minería concurre al mercado con el 94.49% de oro y 95.07% de plata en 2009; son empresas mexicanas producto de la desincorporación minera y derivados por parte del Estado. Los conflictos en este sector se dan, mayormente, con el sindicato del ramo y alrededor de los contratos colectivos, salarios y prestaciones. Estas grandes empresas de capital nacional representan el 85% de la inversión en el ramo, y además de la extracción del mineral también se dedican a su transformación (acereras, por ejemplo) y se ubican mayoritariamente en las zonas tradicionalmente mineras del país (Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí).16 La Mediana Minería produce el 5.29% de oro y 4.79% de plata y es la franja que ocupan las mineras llamadas “junior” o “canadienses”, aunque no todas sean de ese origen, y mayoritariamente cotizan en las Bolsas de Valores de Vancouver y Toronto. Estas empresas “se caracterizan por dos elementos distintivos: a) su carácter efímero, derivado del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo; y b) su ubicación en lo que podemos denominar la tercera frontera de la minería mexicana, además del uso de tecnologías que producen notorios pasivos ambientales y desencadenan conflictos entre las poblaciones afectadas”, haciendo campamentos en “zonas aisladas e incomunicadas de la geografía nacional” y dónde las empresas nacionales no entran por los altos costos de producción. Estas áreas son la Sierra Madre Occidental y las Sierras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán, Veracruz; es decir, zonas indígenas con alta marginalidad y pobreza, y con escasa o nula presencia del Estado.17 La Pequeña Minería, que más que empresarial es individual y/o familiar, produce el 0.22% de oro y el 0.14% de plata y no genera conflictos sociales de gran impacto.18

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8.- En los conflictos, producto de la expansión territorial de las mineras “junior”, se confrontan lógicas y maneras de mirar y vivir el mundo, o dicho de otra manera, los valores de uso versus el valor de cambio cuando podrían, bajo ciertas condiciones y premisas, operar en tándem. Las incompatibilidades se plantean, del río Bravo a Tierra del Fuego, entre el cortoplacismo minero especulativo y el largo plazo existencial de las poblaciones locales-regionales; entre minería y producciones agropecuarias o silvopastoriles o pesqueras; entre  generación  limitada de empleos con diferenciación social local y rezagos sociales, culturales, económicos y ambientales cuando la empresa se retira. A lo anterior hay que agregarle, en todos los casos, una inadecuada y escasa información del proyecto minero a las poblaciones locales, con lo cual se acentúan procesos de desconfianza. Desconfianza que se da en ambos sentidos, y que se profundiza con la falta de mecanismos institucionales para que los acuerdos sean legítimos, aunque se arriben a acuerdos formales y legales. A su vez, y es muy común, que las empresas establezcan interlocuciones con los miembros equivocados; quieren tener acuerdos con los Presidentes Municipales, cuando el diálogo sobre la tierra es con los Comisariados Ejidales o de Bienes Comunales, según sea el caso; o pretenden acordar con los que consideran “notables” de la localidad, cuando los verdaderos notables están en la Asamblea de Pobladores, a la cual rehúyen. Es en este clima relacional en que se dan tanto los conflictos socioeconómicos como los socioambientales, y es donde el Estado ha demostrado tener poca o nula capacidad para proteger y hacer respetar los derechos colectivos de los pueblos. “Las diferencias de cultura y racionalidades entre los actores (Estados, empresa minera y comunidades entre otros) representan un gran reto no sólo para el diálogo y las negociaciones ad hoc en una situación conflictiva, sino también para la construcción de un interés general, base para la formulación de políticas públicas”.19

9.- Uno de los temas de conflicto entre las mineras “canadienses”, por un lado, y las sociedades locales y grupos ambientalistas, por el otro, es el de los pasivos ambientales. Estos son “residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente y/o la salud humana que quedan como remanentes de una actividad minera”.20 El riesgo y su potencial impacto esta relacionado y es proporcional a la escala del proyecto que se trate. Pero, también, su control se relaciona tanto con el grado y calidad de información transferida a la comunidad local para su toma de decisiones como por los resguardos financieros y técnicos que las empresas tomen y se comprometan bajo normatividad y vigilancia efectiva del Estado. Es decir, para que opere una minería que sea responsable con el ambiente y la población indígena, en los territorios en donde desarrolle sus actividades, es necesaria la presencia proactiva coherente del Estado, por la cual no se permita un desfase intra legislación ni que las instituciones que la implementen estén por debajo del nivel operativo requerido. OCMAL da cuenta de 164 conflictos mineros en 17 países de América Latina con 228 comunidades afectadas, teniendo el mayor número de conflictos: Perú (29); Brasil (28); Chile (27); Argentina (25); y México (19).21 En México se estima que hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de recursos naturales.22 En realidad nadie tiene una contabilidad  completa de  los  conflictos  vigentes,  ni  de  cuantos  son  por  causas
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ambientales debidos a la minería.23 Hay regiones latinoamericanas con vacío normativo como se da en el contexto del Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica (anteriormente conocido como Plan Puebla Panamá –PPP–) en donde la “(...) retracción del papel del Estado en la conducción de las políticas públicas y la privatización del patrimonio nacional (...) con instituciones nacionales debilitadas e intencionalmente erosionadas incapaces de exigir el cumplimiento de las escasas normas, ni capacidad administrativa y técnica, pero sobre todo, se carece de voluntad política para vigilar a las empresas”.24 El uso del agua, por parte de las mineras, tanto en su cantidad como en la calidad residual es uno de los temas recurrentes y los argumentos esgrimidos son del siguiente tenor: “Para obtener una tonelada de cobre se necesitan 80,000 litros de agua o mil litros de agua por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca)”;25 o que producir 1 onza de oro genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos;26 o la contaminación río abajo con cianuro por el proceso de lixiviación.27 Lo principal a entender es que los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos, sino que también son “una deuda que supone pérdida patrimonial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosistemas afectados por la actividad extractiva”.28 La preocupación por la relación entre pueblos indígenas y empresas extractivas en México ha llegado al ámbito de las Naciones Unidas: “El Comité expresa seria preocupación ante las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales destacando en particular los casos de explotación minera”.29 Un caso emblemático en México, por su afectación a territorio sagrado de un pueblo indio, es el de Wirikuta en Real del Catorce, San Luis Potosí, lugar de peregrinación estacional de los huicholes de Jalisco, Durango y Nayarit. El área ceremonial principal (Cerro Quemado) se encuentra dentro del Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural que tiene 140 mil hectáreas. Sobre este polígono se otorgaron 76 concesiones mineras a Universo de Revolution Resources Corp. y a Real Bonanza filial de First Majestic Silver Corp. por un total de 98 mil hectáreas, de las cuales 70 mil hectáreas están dentro del sitio de Wirikuta. El Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, creado en diciembre de 2010, logra articular a organizaciones indígenas, civiles, eclesiásticas y de universitarios que festinan el despojo, tanto en México como en el mundo. El 27 de febrero de 2012, el Poder Judicial de la Federación instruyó la suspensión provisional del proyecto minero La Luz de Real Bonanza. Con esta suspensión se logró un respiro y tiempo. Y en este caso, es la primera vez que el Poder Judicial se involucra en la defensa de un pueblo indio frente a las mineras.30

10.- Las empresas mineras “junior” responden que proporcionan empleos, lo cual es cierto sólo en un sentido restringido, ya que “... el actual patrón tecnológico minero requiere un bajo nivel de ocupación de mano de obra y altamente calificado en comparación con la minería de socavón, razón por la cual muchos de los empleados provienen de fuera de las localidades e, incluso, del país anfitrión”.31 Lo anterior se ve con claridad, p. e., en las 32 comunidades emberá chami de Caldas y en las comunidades afrodescendientes en el norte del Cauca, en Colombia, donde la  población  no  aparece  como  calificada   para  los   trabajos  que  las  empresas
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requieren.32 O en Oaxaca, donde indígenas zapotecas de San José de Gracia, además de afirmar que la Golden Trump Resources no cumple con todo lo que prometió plantean: “Debería haber un formato para que los principales beneficiarios sean los lugareños más allá de la generación de empleos”.33 Estas empresas han contado en México, para su expansión territorial en el primer decenio del siglo XXI, no sólo con una administración estatal favorable, sino que también con la negligencia de instituciones nacionales importantes sobre cuestiones indígenas y la tenencia de la tierra, es decir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, heredera del desmantelado Instituto Nacional Indigenista –INI–) y la Procuraduría Agraria (PA). Estas instituciones federales han sido omisas en elevar recomendaciones para que los legisladores compatibilizaran las leyes vigentes con la obligación de consulta vinculante previa, libre e informada a los pueblos indígenas alrededor de los proyectos mineros en sus territorios. Los límites a la expansión territorial de mineras “junior” sobre territorios de propiedad social los han intentado poner organizaciones locales, regionales y nacionales que han levantado la voz sobre lo que consideran injusto de las empresas extractiva. Hay que decirlo, no siempre con buenos resultados ya que en vez de tener interlocutores serios por parte del Estado, han sido criminalizados por éste. Así surgen organizaciones como la M4 (Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero) en el área del ex PPP; o REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería); o CPUVO (Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán) a raíz de los conflictos con la Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines filial de The Gold Group, instalada en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca (entre muertos y movilizaciones sociales esta minera se propagandiza como una “empresa limpia”).34 O se da el caso de que organizaciones locales se movilizan contra mineras que hacen presencia en sus territorios o por algunas actividades no bien vistas por sus afiliados, como en Puebla, donde Unidad Indígena Totonaca Nahua (Unitona), Organización Independiente Totonaca (OIT) y Organización Indígena Independiente Ahuacateca (OIIA) se coordinan contra la minería de tajo abierto en Tetela de Ocampo, y apoyaron a la localidad de Tlamanca, municipio de Zautla, en la Sierra Norte de Puebla, en la expulsión de la empresa china JDC Minerales el 21 de noviembre de 2012.35 En Veracruz se organiza el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica por los casos de La Paila, Las Cruces, Bandera, Minas, Los Tuxtlas y Caballo Blanco;36 en Guerrero, la Coalición de Organizaciones Indígenas y la Policía Comunitaria de la Costa Chica–Montaña apoyan al ejido náhuatl de Ayotitlán contra la minera Ternium.37 En Chiapas, por su lado, la Blackfire es acusada del asesinato de líder antiminero y se advierte de concesiones mineras en Acacoyagua y Escuintla sobre la Reserva de El Triunfo en la Sierra Madre, afectando bosques de pino, manglares y esteros costeros.38

11.- En el país, a partir del primero de diciembre, se abrió una nueva etapa de la administración pública federal en el poder Ejecutivo. Ante esto, y previendo cambios, las mineras “canadienses” mandaron mensajes de que no se hagan variaciones con nuevas legislaciones sobre el ramo, que supongan un nuevo régimen de otorgación de concesiones y de los pagos por las mismas, ni que se de preferencia a las demandas socioambientales. En este sentido, Adam Graf (analista
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y vocero de Dahlman Rose de los EE. UU.) advierte a México de “no innovar” en minería y continuar con lo realizado hasta la fecha; mientras que Roben McEwen (de Toronto McEwen Mining de Canadá) dice “que el nuevo gobierno siga el mismo sendero que las administraciones pasadas”.39 Así las cosas.

12.- Los procesos legislativos y administrativos necesarios para equilibrar el campo de las desigualdades, que se ponen de manifiesto con el accionar de las empresas mineras “junior” o “canadienses” respecto de los pueblos indios de México, requieren tiempo. Tiempo del que no se dispone en tanto que la urgencia social aumenta y la administración pública no da respuestas. Que se logre un Convenio o Tratado internacional, si se llega a dar, sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE), en el ámbito de la ONU, es una tarea de largo (larguísimo) plazo. La compatibilización de la legislación nacional minera con las leyes concurrentes, teniendo en cuenta el sistema de intereses nacionales e internacionales especulativos en juego, también llevará su tiempo. Y, a este, hay que sumarle el tiempo de reconstruir y/o construir instituciones federales ad hoc para operar las normatividades a que se lleguen.

13.- Y el mundo sigue su marcha estridente o en silencio. Es decir, que la construcción de una política pública coherente, incluyente y respetuosa del ambiente y los pueblos indios, por parte del Estado mexicano, no se instala en la inmediatez ni en la urgencia que las comunidades demandan. Ante esto y como proceso de transición, se pueden analizar y retomar experiencias que se encuentra en proceso. En este sentido, y como ejemplo entre otros, es importante el marco operativo y pragmático que está desarrollando en Oaxaca el Grupo MCM S.C., que utiliza lo utilizable de la normatividad vigente para enlazar las concesiones mineras ya dadas con la población, transfiriéndole a ésta y por la vía de Asambleas Comunitarias información amplia y de calidad sobre el proyecto minero de que se trate y sus impactos. Si la comunidad acepta, en función de respetar sus usos y costumbres, se realizan convenios separados (primero el de exploración y luego, si procede, el de explotación) que pueden ser revisados, reformulados o anulados, según lo convenga la comunidad en el análisis de los impactos que se produzcan en la operación y que, efectivamente, se respete la clausula de que la mayoría de los empleos generados sean locales. Para garantizar y poder solventar los problemas derivados de los pasivos ambientales y revocación de los convenios y suspensión de actividades se genera, de entrada, un Fideicomiso (con intervención de la P.A. e inscripto en el Registro Agrario Nacional –RAN–) con los recursos suficientes depositados por la empresa y que serán utilizados por la comunidad según un plan de  trabajo establecido.40 Este tipo de iniciativas, si bien no solucionan el problema nacional que implican las mineras ”junior”, si permiten atender en el terreno sus más grandes impactos ambientales y sociales. Esto, en el entendido de que la estabilización y reversión de los impactos producidos por estas mineras a nivel nacional, en el último decenio, se encuentran en otras esferas del Estado y en la voluntad política de construir una política pública que garantice a los pueblos indios el respeto al conjunto de derechos colectivos e individuales que México asumió cumplir en el ámbito internacional.
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Referencias

1 De las piedras de coltan, que es una combinación de columbita y tantalita, se obtiene el tantalio y el niobio, componentes fundamentales en la elaboración de condensadores y otras partes de los teléfonos celulares. La República Democrática del Congo (RDC) tiene el 80% de las reservas mundiales de coltan y, desde 1997, se encuentra en una situación de guerra civil provocada por la extracción ilegal del coltan; además, ya tienen más de 4 millones de muertos. Ver Pedro Pozas Terrados, Coltan: el mineral de la muerte, www.simiomobile.com/downloads/coltan_mineral_muerte.pdf

2 En el Portal del Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM (PUMC-UNAM) se puede encontrar el Banco de Datos “Megaproyectos Mineros en Zonas Indígenas y Negras de América Latina”, http://www.mezinal.com.mx/mineria.php y http://www.nacionmulticultural.unam.mx/

3 Silvia Nolasco, Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica, OCMAL / CEICOM, 2011.

4 Emilio Taddei, José Seoane y Clara Algranati, Mineracao Transnacional e Resistencias Sociais na África e na América Latina, Diálogo de los Pueblos / CEAL, 2011, en www.extractivismo.com

5 Silvia Nolasco, op. cit.

6 Richard Chase Smith, del Instituto del Bien Común de Perú, www.elcomercio.pe 10/12/12. 7 CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, www.conacami.pe/

8 Juan Luis Sariego Rodríguez, “La minería mexicana: el ocaso de un modelo nacionalista”, en APUNTES, vol. XXXVIII, núm. 68, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2011, pp. 137 – 165.

9 Francisco López Bárcenas y Maya Monserrat Eslava Galicia, El Mineral o la Vida. La Legislación minera en México, México, COAPI, 2011.

10 Martín Cuadra, Minería Mexicana perforadora de Autonomía, en Ecoportal, www.ecoportal.net 27/03/2012.

11 Francisco López Bárcenas y Maya Monserrat Eslava Galicia, op. cit.; Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Organización Internacional del Trabajo, www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/Libros/convenio_169.pdf; J. L. Sariego Rodríguez, op. cit.

12 Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Ginebra, 5 de diciembre de 2012 y Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado, Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2011, www.ohchr.org (aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, junio de 2011, Resolución 17/4). Es bueno aclarar que desde 2002 hay un estudio sobre minería y desarrollo sustentable que las empresas mineras han ignorado, Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD) de IIED y el World Business Council for Sustainable Development, Londres. www.iied.org/mmsd

13 James Anaya, Declaración en el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos, 14 de diciembre de 2012, www.iwgia.org y http://unsr.jamesanaya.org/. James Anaya es el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

14 F. López Bárcenas y M. M. Eslava Galicia, op. cit.

15 Secretaría de Economía, Dirección General de Promoción Minera, http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico.html

16 J. L. Sariego Rodríguez, op. cit., pp. 145 y 151.

17 J. L. Sariego Rodríguez, op. cit., pp. 145, 158, 159 y 160.

18 Ibidem, p. 145.
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19 Conflictos Mineros, interculturalidad y políticas públicas, Centro Bartolomé de las Casas / Consorcio de Investigación Económica y Social, Cusco, 2005, www.cies.org.pe 20 Consuelo Infante, Pasivos ambientales mineros: barriendo bajo la alfombra, OCMAL, 2011, www.conflictosmineros,net. OCMAL es el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina.

21 OCMAL, www.conflictosambientales.net

22 Martín Cuadra, op. cit.

23 Richard Chase Smith, op. cit. dice que para el caso del Perú, en el 64% de los conflictos ambientales están involucradas empresas mineras; Joan Martínez Alier, “¿Cuántos conflictos ambientales por minería hay en el mundo?”, en La Jornada, 17 de julio de 2012.

24 Alejandro Villamar, “Megaproyectos Mineros en el Área Mesoamericana. Elementos de una geoestrategia transnacional hemisférica”, en Planes Geoestratégicos, Desplazamientos y Migraciones Forzadas en el Área del Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica, J. M. Sandoval Palacios, R. A. Álvarez de Flores y S. Y. Fernández Moreno (coords.), SPCHI / DEAS-INAH / CEFI-Universidad de los Andes / Dto. de Trabajo Social / Universidad de Antioquia, 2011, pp. 182-189.

25 Guadalupe Rodríguez, “Minería, crecimiento económico y consumismo: ¿no hay otraalternativa?”, ADITAL www.adital.org.br/ 15/03/2012. ADITAL es la Agencia de Informacao Frei Tito para América Latina. 26 Consuelo Infante, op. cit. 1 onza equivale a 31 gramos. 27 Este ha sido el argumento preferente de los zapotecos de Calpulalpan de Mendez contra la empresa Continuun Resources de La Natividad en Sierra Juárez, Oaxaca, Octavio Vélez Ascencio, “Autoridades zapotecas exigen cancelar concesión minera”, en La Jornada, 31 de marzo de 2012. En el ejido de Huizopa, municipio de Madera, Chihuahua, se tiene desde 2008 un conflicto contra la Minefinders por contaminación de las tierras, ver J. L. Sariego Rodríguez op. cit.; “Los alcaldes mineros del norte del país externan su preocupación por el futuro de las cuencas hídricas de sus municipios”, ver Minería al Día del 5/12/2012, www.mineriaaldia.com/; Oscar Rodríguez, “Los indígenas zapotecos de San José de Gracia, Oaxaca, exigen a Profepa que aplique auditoría a mina de la Golden Trump Resources”, en Milenio 13/7/2012. En Perú, en 2012, hay 60 conflictos por impactos mineros en reservas de agua, entre ellos el de Conga, como extensión de la mina Yanacocha, ver Guadalupe Rodríguez, op. cit. En Guatemala, la CIDH instruyó, el 5 de mayo de 2010, al gobierno la suspensión cautelar de las actividades de la minera Marlin de la Gold Corp, sobre 18 comunidades mayas. Ver Lisa North, “Malos Vecinos: las empresas canadienses en América Latina”, en La Hora, Perú, 6 de junio de 2011.

28 Consuelo Infante op. cit. y el tema se ve con mucha claridad, p. e. cuando se analiza la minería en zonas de glaciares y sus impactos sobre el agua que de ellos surge y que alimenta a zonas inmensas. Resumiendo, si no hay glaciares en los Andes no hay río Amazonas. Jorge Daniel Taillant, Informe de Glaciares y del Ambiente Periglacial en Territorio Indígena Diaguita-Huascoaltina, Chile, Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Miguel Bonasso, El Mal. El modelo K y la Barrick Gold, Planeta, 2011.

29 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 80° periodo de sesiones, Naciones Unidas CERD/c/MEX/16-17, 9 de marzo de 2012, párrafo 17.

30 Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/; Angélica Enciso L., “Ordenan a mineras suspender actividades en la zona sagrada de Wirikuta”, en La Jornada, 28 de febrero de 2012; Agustín del Castillo, “El Mundo sagrado de los huicholes, entre la minería y los ‘Zetas’”, en Milenio Semanal, 19 de febrero de 2012.

31 E. Tadeii, J. Seoane y C. Algranoti, op. cit. y Mandeep Dhillon, La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá, CIEPAC, ADITAL 10/5/2007.

32 Viviane Weitzner, Rendición de cuentas de las compañías extractivas en Colombia: una evaluación de los instrumentos de responsabilidad social empresarial (RSE) a la luz de los derechos de los indígenas y los afrodescendientes, The North-South Institute / Proceso de Comunidades Negras / Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, www.resguardolomaprieta.org; www.renacientes.org;  www.nsi-ins.ca Julio de 2012. Lamentablemente, no hay para México estudios de la envergadura y calidad que tiene esta investigación sobre Colombia.
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33 Declaración de Antonio Altamirano, Presidente del Comité de Defensa de los Recursos Naturales de la Comunidad, al periodista Oscar Rodríguez, op. cit.

34 M4, www.movimientom4.org, REMA, www.remamx.org. En el caso de la CPUVO y Minera Cuzcatlán, se han tenido enfrentamientos fuertes, cortes de carreteras, toma de Agencia Municipal, acusaciones de corrupción, golpizas, encarcelamientos y tres muertos por armas de fuego. Ver Agueda Robles, Diario Oaxaca, 4/5/2012; David Bacon, Campesinos mexicanos contra compañías mineras canadienses, CIPAmericas, 23/8/2012 y Biodiversidad en América Latina, 30/8/2012; Jonathan Treat, CIPAmericas 28/6/2012; Milenio 4/5/3012; ADITAL 22/6/2012; Magdalena Gómez, La Jornada, 27 de marzo de 2012, Ismael García, Noticias, 23/4/2012.

35 Rosa Rojas, “Surgen en Puebla movimientos de resistencia contra mineras”, en La Jornada, 23 de diciembre de 2012.

36 Javier Hernándes Alpizar, “México: se le cae el teatrito a la minera”, en Kaos en la Red, 27de febrero de 2012, www.kaosenlared.net/; “Semarnat clausuró el proyecto Caballo Blanco por afectación forestal y no por su cercanía a la planta nuclear de Laguna Verde”, en Minería al Día, 24/5/2012; David Bacon op. cit.

37 Consejo Nacional Indigena, CNI, “Nahuatl de Ayotitlán: nuestras formas de autodefensa y la autonomía”, en ADITAL, 20/11/2009.

38 Gustavo Castro Soto, CIEPAC, en ADITAL 7/12/2009; y en Minería al Día, 5/7/2012 y 27/12/12.

39 Minería al Día, “Interferencia política es un riesgo para permisos mineros en México”, 10/12/2012.

40 Grupo MCM S.C. www.grupomcm.com.mx; hay un antecedente importante por sus recomendaciones, pese a lo temprano del analisis (julio 2002) que es el que hizo FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, en el texto Mineria, comunidades y medio ambiente. Investigaciones sobre el impacto de la inversión canadiense en México. Comparan situaciones en Sinaloa y Oaxaca. Ver www.funar.org.mx/mineria/pdf/mineria.pdf; en Eckart Boege, Las mineras y los mecanismos de cómo se “legitiman” frente a los pueblos indígenas, campesinos o pequeños propietarios, hay un excelente análisis sintético de la situación y una serie de recomendaciones de orden legal y político-administrativo que pueden orientar acciones. Ver http://grandesproblemas.org.mx




Para citar este artículo:

Rodríguez, Nemesio J. (2013). Aproximaciones sobre minería y pueblos indios en México: contextos, conflictos y tránsitos posibles. Cultura y política. Recuperado el [fecha de consulta] de http://www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/cultura_politica/nemesio_rodriguez_20130220.html
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