Más allá de las particularidades que es posible imaginar, dada la enorme diversidad de situaciones que se presentan en los países y en las regiones del mundo, los pueblos indígenas han unificado un conjunto de demandas que se relacionan con el reconocimiento de derechos y con su efectivo cumplimiento. En su Primer Informe ante la Comisión de Derechos Humanos, presentado el 4 de febrero de 2002, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, de las Naciones Unidas, hizo una síntesis de esta problemática. El mencionado informe del doctor Rodolfo Stavenhagen señala:

Las principales cuestiones que se plantean en relación con los derechos de los indígenas se refieren a la tierra, el territorio, el medio ambiente y los recursos naturales; la administración de justicia y los conflictos legales; la pobreza, los niveles de vida y el desarrollo sostenible; el idioma, la cultura y la educación; el gobierno propio, la autonomía, la participación política y el derecho a la libre determinación. La discriminación y marginación de carácter general, sobre todo la que afecta a mujeres y niños, es un problema persistente. Los pueblos indígenas resultan especialmente vulnerables en situaciones de conflicto civil y violencia [Stavenhagen, 2002: 3-4].

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos recoge un conjunto de propuestas, formuladas "por un colectivo formado por líderes indígenas, abogados y antropólogos, invitados en varias oportunidades, entre 1989 y 1991", que estima representativo de la demanda indígena internacional:

• Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas como sujetos específicos al interior de la nación y de los derechos que les corresponden en tanto pueblos.
• Derecho a disponer de los recursos materiales y culturales necesarios para su reproducción y crecimiento, principalmente a sus tierras y territorios.
• Derecho al autodesarrollo material y social y a su plena participación en el desarrollo y en el destino de la nación.
• Derecho al ejercicio de las identidades indígenas, al desarrollo, crecimiento y transformación de sus culturas y a la participación de éstas en la configuración de un ser nacional pluricultural.
• Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que hagan posible y seguros el ejercicio y la ampliación de los derechos antes señalados, dentro de la institucionalidad de los estados, en especial aquellas que garantizan el ejercicio de la autoridad desde el nivel local y las formas propias de organización, así como el establecimiento de formas idóneas de administración de justicia y resolución de las controversias (Iturralde G., 2003: 51).