Frente a esta triste realidad institucional, los pueblos indios reclaman con cada vez mayor insistencia una nueva inserción en la
sociedad, un nuevo pacto social en el que las estructuras políticas de los Estados reconozcan sus derechos a la autonomía, a la
autodeterminación, al control de sus tierras y territorios, en fin, su derecho inalienable a establecer las condiciones de un
desarrollo propio como sujetos políticos plenos.
Sin duda alguna, la profundidad de los cambios que actualmente le exigen al Estado y a la sociedad mexicana, y que garanticen la
viabilidad de nuestra nación, están hoy sometidos a una intensa presión y debate sin interlocución social. Desgraciadamente, las
señales de las reforma que cotidianamentevan estableciéndose no auguran cambio alguno sustantivo en la relación de los pueblos
indígenas y el Estado nacional mexicano; por el contrario, las propuestas de reforma pueden implicar la vulneración definitiva de
los derechos de los pueblos indígenas, hasta lograr su extinción como pueblos y cometer explícitamente un etnocidio tipificado en
la legislación internacional.
1La condición de pobreza de los miembros de las familias de los pueblos indígenas, mostrada recientemente en
cifras por el CONEVAL indica que el 72.3% son pobres: trágica ilustración cuantitativa de la situación y
circunstancia que ha derivado de las lógicas del “desarrollo y las políticas sociales”, que durante los últimos
treinta años, los sucesivos gobiernos de México han impuesto a la sociedad en su conjunto y a los pueblos
originarios de manera muy singular.
Para citar este artículo:
Del Val, José (Enero, 2014). En un modelo extremo de desigualdad social [versión electrónica]. México Social. Recuperado el
[fecha de consulta] de
http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/439-en-un-modelo-extremo-de-desigualdad-social?tmpl=component&print=1