fiscal, los cuales, en realidad, eran un eufemismo para transferir a las grandes corporaciones, a los grandes grupos de poder y a los grandes conglomerados empresariales y financieros, una capacidad de imposición y decisión sobre el conjunto de la sociedad. Esa dinámica fue conocida como el Consenso de Washington, nombre que caracterizó sobre todo a las políticas que plantearon tanto el FMI cuanto el Banco Mundial, las cuales caracterizaron a toda la política económica de América Latina y provocaron el fin del modelo de industrialización. Estas medidas económicas produjeron una redistribución del ingreso al revés: los más ricos se hicieron más ricos y los más pobres se hundieron más en la pobreza. Gracias a esta dinámica, América Latina, por concepto de pagos del servicio de la deuda externa (es decir, el pago de los intereses) transfirió durante la década de los noventa cerca de un billón de dólares a sus acreedores, la mayor parte de ellos bancos norteamericanos. Sin embargo, de la transferencia monetaria, América Latina pasó a la transferencia de sus recursos naturales: petróleo, agua, minerales, productos agrícolas, entre otros; todos ellos a bajos costos. Esto configura un modelo capitalista en el cual América Latina, haga lo que haga, no podrá superar sus condiciones de pobreza y subdesarrollo. Alguna vez Marx describía en El capital el proceso de acumulación originaria y lo describía como un proceso sustentado en la violencia, el saqueo, la depredación. Ahora bien, si se mira a América Latina, es como si esa acumulación primitiva fuese la condición permanente de toda la acumulación del capital. Es como si América Latina estuviese en todo momento en pleno proceso de acumulación originaria. A esta dinámica que comprende la violencia de la acumulación originaria como condición de posibilidad para el desarrollo del capitalismo en la periferia del sistema-mundo capitalista, se le denomina “acumulación por desposesión”.

Este modelo de acumulación por desposesión empieza a agotarse en América Latina por las resistencias sociales del continente y en especial la resurgencia de los movimientos sociales. Tenemos varios indicios de ellos, como las movilizaciones que se suscitaron en Bolivia y en Ecuador en 1990 o el levantamiento zapatista en 1994; en toda América Latina tenemos una serie de movilizaciones de resistencia, de confrontación a esta propuesta de colonización monetaria denominada ajuste estructural y privatización del Estado. Esta modalidad se agota y no sólo eso, sino que desgasta al sistema político de la región, lo cual es notorio en señales como el “Caracazo” en Venezuela a mediados de los años noventa, la inestabilidad en Ecuador, las masivas movilizaciones en Bolivia a fines de la década de 1990. Es decir, el sistema político que estaba procesando los cambios inherentes a este proceso de acumulación por desposesión sustentado en la moneda y en la colonización monetaria del FMI comienza a agotarse por las masivas movilizaciones, por esa dialéctica de la lucha de clases donde la iniciativa pasa de los sectores obreros a otros sectores sociales que tienen diversas agendas flexibles que incorporan temas que antes no había, por ejemplo, las agendas en Ecuador y Bolivia de interculturalidad y el Sumak kawsay, entre otras propuestas. Esto no significa que el capitalismo haya cambiado el sentido de la democracia en lo más mínimo.

Las modalidades de la  acumulación de capital experimentan cambios en la  década

de 1980 y 1990, con lo que comienza a emerger un fenómeno que antes era marginal y que poco a poco se torna cada vez más importante: la capacidad de regulación al sistema capitalista en su conjunto que ahora tiene el capital financiero, sobre todo desde la privatización desregulación al sector financiero que empezaron con las políticas adoptadas por Reagan y que continuaron con Clinton y Bush. Estas propuestas de desregulación son parte de la acumulación de capital, sobre todo en el proceso que se origina a partir de los años 90 con el apoyo de Allan Greenspan desde la reserva federal. La constitución de estos “mercados sobre el mostrador” como espacios libres de toda regulación y que permiten la vinculación entre dos actores que apuestan sobre el riesgo y el futuro, otorgan al capitalismo una flexibilidad y una capacidad de generar tasas de ganancia nunca antes conocidas. Es Greenspan, precisamente, quien genera los mercados sobre el mostrador u OTC, que son los que empiezan a realizar los intercambios de productos financieros altamente complejos, denominados “productos derivados”; esto significa que el capitalismo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, apuesta a la especulación, puesto que este tipo de países tienen una rotación de capital progresiva constante por el pago de la deuda de los países en América Latina, lo que permite al capitalismo empezar un juego en el casino de la economía mundial, un proceso de deslocalización y relocalización, que comienza principalmente por parte de Estados Unidos. Esto significa que las esferas de la producción se trasladan hasta la periferia del sistema-mundo, primero a las zonas de maquila en la frontera entre Estados Unidos y México y luego al sureste asiático.

Esta modalidad de deslocalización-relocalización finalmente llega a China, un país cuya economía es definida por los economistas como economía de escala, es decir, China permite a las grandes corporaciones tener enormes rentabilidades en estos procesos de flexibilización laboral y relocalización productiva. Esto significa que en Estados Unidos hay un proceso de des-inversión productiva y pérdida de empleos simultáneo al proceso de consolidación del capital financiero, por eso Stiglitz denomina a esos años “los felices noventa”, años de crisis y recuperación para América Latina mientras que para el Sureste Asiático fueron años de recuperación económica porque se empiezan a convertir en el taller de los países del centro del sistema-mundo. Así, América Latina se viene desgastando por la dialéctica económica de la lucha de clases y por la constitución de movimientos sociales que confrontan al neoliberalismo, lo que hace que emerjan señales que dan cuenta de movimientos sociales con propuestas alternativas vinculados a partidos de izquierda. Esto puede verse con Lula, cuando finalmente el PT gana las elecciones a inicios de la década de 1990; otra expresión la constituyen los foros mundiales.

El territorio como nueva forma de valor en la acumulación del capital

Ahora bien, este proceso implica cambios en la dinámica de la acumulación por desposesión, que pasa por la acumulación monetaria y la transferencia neta de capitales desde el centro a la periferia del sistema-mundo que disputa los territorios. ¿Por qué? Porque éstos son los que dan valor a las nuevas dinámicas de la acumulación por desposesión, los territorios están sometidos a una dinámica que podemos  denominar de  extractivismo. Esta  dinámica  está  vinculada a la  minería

abierta a gran escala, a los transgénicos (la soya, el maíz), a los mercados de servicios ambientales, entre ellos los mercados de carbono; en fin, está vinculada a propuestas relativamente novedosas para el capitalismo como los bonos de carbono o la geoingeniería.

Estas propuestas ejercen mucha presión sobre los territorios, por lo que empieza un proceso de desterritorialización del Estado, que pierde su soberanía sobre vastas regiones que lo constituyen. Este proceso puede constatarse en la conformación de la Organización Mundial de Comercio, que plantea la figura del inversionista y de la Inversión Extranjera Directa. Esta figura es nueva porque otorga al inversionista capacidad de soberanía política, como pudo verse en el Acuerdo Multilateral de Inversiones, la AMI, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) empezó a trabajar en 1991 y en 1998.

Cuando finalmente se conoció este AMI, la sociedad europea y la estadounidense protestaron de tal manera que no se firmó el Acuerdo Multilateral de Inversiones. ¿Qué decía este Acuerdo? Entre otras cosas, otorgaba al inversionista extranjero un estatuto de soberanía extremo de tal forma que si cometía un delito común, no podía ser juzgado por las leyes de un país determinado, o si resultaba perjudicado por la acción de un Estado podía acusar legalmente a éste por ello. Eso significó transferir soberanía política al inversionista, con lo que también se le transfiere capacidad de manejo territorial, sobre todo a las empresas petroleras, mineras y a las empresas de la soya transgénica.

Este proceso, que comenzó en 1994, también da cuenta de la utilización del espacio. En virtud de los ejes multimodales se propone, a fines de los años noventa desde México, la construcción de un corredor, el Plan Puebla Panamá; en el año 2000 el gobierno de Cardoso convoca a una reunión de presidentes para la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), en la cual los territorios son puestos en la subasta del capitalismo mundial. Esta dinámica no empata con el discurso del Fondo Monetario Internacional porque éste no tiene los instrumentos teóricos epistemológicos para dar cuenta de la desterritorialización del Estado.

Quien tiene estos instrumentos teóricos es el Banco Mundial, el cual interviene en nuestras sociedades y las coloniza con apoyo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y una serie de agencias de cooperación que trabajan en América Latina para provocar lo que ellos llaman “el cambio institucional”. Entonces, vemos que en la década de 1990 emerge un nuevo discurso, hay un cambio en la modalidad: el cambio institucional en el que la soberanía de los Estados se ve acotada y los espacios que pierde el Estado se trasladan ante al gran capital en la figura del inversionista extranjero; esta modalidad necesita un discurso, un episteme, una teoría que no sea la del Fondo Monetario Internacional. Por eso podemos entender la disputa entre Joseph E. Stiglitz y el Fondo Monetario Internacional a finales de los años noventa; según Stiglitz es el Banco  Mundial en definitiva  el que está disputando  espacios al Fondo

Monetario Internacional porque necesita ganarse un espacio teórico para situar la propuesta de cambio institucional, este cambio necesita un sustrato epistemológico fuerte denominado “neoinstitucionalismo económico”.

De esta manera, durante la década de 1980 se conforma la dinámica de acumulación mediante las políticas de la administración de la balanza de pagos, en función de las necesidades de los países del centro del sistema-mundo y del discurso legitimante del neoliberalismo. En las décadas de 1990 y 2000, el discurso dominante es el neoinstitucionalismo económico; lamentablemente la izquierda no ha estado preparada para deconstruir este discurso, incluso hasta el día de hoy no he visto que el neoinstitucionalismo conste en la agenda del debate político de la izquierda del continente. Esta nueva propuesta epistemológica es correlativa y funcional a las dinámicas de acumulación, sustentadas en la privatización territorial y la desterritorialización del Estado. En efecto, aquello que emerge al momento actual es la disputa por la soberanía del Estado, a través de los tratados de libre comercio y de los acuerdos de protección a las inversiones, etc.; en estos acuerdos el Estado puede ser demandado por el sector privado por no haber generado las suficientes garantías a la inversión extranjera directa. Así se crea un espacio jurídico para las corporaciones transnacionales por encima de la soberanía estatal.

A esta relación entre la acumulación por desposesión del capitalismo tardío y la desterritorialización del Estado que consta en los tratados de libre comercio y en los acuerdos de la OMC, que ha provocado la necesidad de reformas institucionales de los Estados, al tenor de la teoría económica del neoinstitucionalismo económico, la denomino como posneoliberalismo.

América Latina y la continuidad con los procesos de acumulación de capital por desposesión de los territorios

Se entiende que América Latina no está saliendo de las dinámicas de la acumulación capitalista, desde el sur del Río Bravo hasta Centroamérica y Sudamérica no estamos rompiendo con la acumulación de capital. Esta dinámica, que es muy evidente en el extractivismo, está presente en toda América Latina, no hay un solo país independiente de su color político que salga de estas dinámicas extractivistas. El extractivismo es una forma de la acumulación por desposesión, corresponde a la necesidad que tiene el capitalismo mundial de sustentar sus procesos de acumulación capitalista.

Los chinos necesitan una provisión creciente de materias primas, eso produce un auge de los llamados commodities y nuestros países, que se están especializando en materias primas, producen mejores precios lo que implica mejores récords del PIB. No obstante, ese discurso del crecimiento enmascara precisamente las dinámicas de economización, desterritorialización y reconversión del capital transnacional como sujetos políticos. Entonces, si entendemos al posneoliberalismo como una continuación o una apuesta a las dinámicas de acumulación de capital podemos entender el rol que cumplen los gobiernos en América Latina, entre ellos los denominados gobiernos progresistas.

Nunca antes en América Latina se había dado una reconversión ideológica tan fuerte como ahora, en Centroamérica se encuentra Daniel Ortega, en el sur Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador, Dilma Rousseff en Brasil, la concertación en Chile, los Kirchner en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, José Mujica en Uruguay. Es decir, pocas veces en la historia de América Latina ha habido una convergencia ideológica a partir de gobiernos que adscriben sus críticas al neoliberalismo; pero todos esos gobiernos están cumpliendo los deberes de la acumulación de capital: los territorios en Paraguay han sido entregados a Monsanto y a la industria transgénica del maíz lonja y de la soya transgénica; lo mismo en Brasil que en Argentina o en Ecuador. Las luchas de emancipación en la era de los gobiernos progresistas, el caso ecuatoriano.

En el caso del Ecuador hay varias “mediaciones”, considerando que una mediación está dada por la existencia de un poderoso eje de movimiento social constituido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, organización indígena que recela del liberalismo. Con su experiencia de lucha y el conocimiento que han acumulado, los indígenas ecuatorianos saben que el término “ciudadanía” debe tomarse con cautela, algo sucede cuando se habla de ciudadanía; así mismo, cuando la CONAIE escucha democracia duda, interroga porque la democracia no es un cascarón vacío sino que hay una serie de procesos que la determinan, inclusive las luchas de poder y las luchas de clases. Entonces la CONAIE, habida cuenta de que siempre desconfió del liberalismo porque fue la estrategia por la cual se discriminó a gran parte de la sociedad ecuatoriana según esquemas de racismo, opresión y discriminación, nunca tuvo una alianza estratégica con el gobierno de Rafael Correa; cuando triunfa en 2006 no triunfa con la CONAIE, pues ésta tenía su propio candidato a la presidencia.

La candidatura de Rafael Correa se impone a la propuesta de los movimientos sociales y “secuestra” todas las propuestas, las luchas y los discursos fundamentales del movimiento indígena. La Asamblea Constituyente fue una dinámica propuesta del movimiento indígena para cambiar la matriz de ese estado liberal. ¿Cuál es la propuesta del movimiento indígena ecuatoriano? Que esa matriz del Estado liberal dé paso a una matriz de Estado no liberal, al Estado plurinacional. Esta propuesta fue hecha por el movimiento indígena en la década de 1990 y ha sido el norte, la brújula para el movimiento indígena en el sistema político ecuatoriano. Cuando triunfa Rafael Correa lo hace no “con” los movimientos sociales sino “al lado” de los movimientos sociales, los cuales coinciden y apoyan algunas de las tesis del gobierno de Rafael Correa, entre ellas las de la Asamblea Constituyente. Pero son picos también con otras exigencias, ya desde el año 2007, es decir, desde el primer año de Rafael Correa, los movimientos sociales ecuatorianos empezaron una movilización y una lucha en contra del extractivismo. La CONAIE tiene absolutamente claro lo que significa el gobierno de Correa, lo que significa el posneoliberalismo y el peligro que significa para sus territorios, para sus instituciones, sus dinámicas y su memoria histórica.

¿Entonces, qué tenemos? Las organizaciones sociales del Ecuador, en especial la CONAIE, recelan  del gobierno  de Correa  aunque  adscriben  ciertas  tesis.  A nivel

mundial no podemos visualizar esas diferencias de matices, así como no vemos lo que está pasando en Venezuela, no vemos la agresión del gobierno bolivariano contra los pueblos indígenas, no vemos la huelga de hambre de José María Korta, así como no queremos ver la agresión de la concertación chilena en contra de los mapuches. ¿Por qué? Porque está anidada, hecha desde el prisma liberal de la política, a través del cual podemos ver que en América Latina hay gobiernos progresistas que representan lo más avanzado del continente y no es así, tenemos que cambiarnos de prisma, no se trata de gobiernos progresistas sino del capitalismo en definitiva, se trata de dinámicas de acumulación del capital en la lucha de clases.

La CONAIE, plenamente consciente de esta situación, empieza un proceso de confrontación directa con el gobierno de Rafael Correa en el año 2007. En 2008 realiza varias movilizaciones y en 2009 organiza un levantamiento indígena; en 2010 se moviliza también a propósito de la intención del gobierno de privatizar el agua. El gobierno de Rafael Correa había empezado una estrategia de desarticulación del movimiento social, había utilizado toda la maquinaria gubernamental, todos los recursos estatales para romper las organizaciones sociales, incluso empezó un proceso de criminalización a las organizaciones sociales al grado de que en su primer año de gobierno más de 300 líderes fueron encarcelados y acusados de terrorismo, fue la Asamblea de 2008 la que tuvo que definir una Amnistía.

La cuestiones de las leyes: la Ley de Aguas, de Minería, de Educación y flexibilización laboral

Eso hace que el sistema político ecuatoriano se empiece a resentir. En mayo de este año la organización indígena realizó un levantamiento contra la pretensión de privatizar el agua, a partir de eso el ejecutivo ecuatoriano opta por una dinámica muy especial: controla la mayoría de las instituciones del sistema político, al Congreso Nacional que aquí se llama Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional; controla la Fiscalía, la Procuraduría, las instituciones de supervisión, es decir, hay un control muy fuerte desde el ejecutivo hacia toda la institucionalidad. En virtud de lo anterior la Asamblea aprueba leyes fundamentales, entre ellas la Ley de Aguas o la Ley de Minería que está vinculada totalmente con la privatización territorial y la continuación neoliberal; pero no podemos aquí en Ecuador oponer un recurso de inconstitucionalidad a esta ley porque es totalmente inconstitucional, la Constitución de hecho prohíbe actividades como la minería, sin embargo, dado que aquí el sistema político está controlado por el gobierno es imposible llevar una estrategia institucional para cambiar la correlación de fuerzas. Las instituciones están cerradas, no permiten la deliberación política, incluso esta resolución constitucional está cerrada en el sistema liberal porque el gobierno actual de Rafael Correa no da espacio político para las resoluciones institucionales de esos conflictos.

En conclusión,  la resolución se hace desde fuera de la institucionalidad, exactamente igual  que en el periodo  neoliberal. Por  ejemplo,  cuando se produjo la Ley    de   Minería   se    movilizaron    en   contra,   en  términos   políticos,   pero

lamentablemente la ley no pudo cambiarse, sino que fue aprobada y hubo que aceptarla; después vino la Ley de Aguas, aún más dramática porque implicaba su privatización. ¿Qué hace el movimiento social, qué hace la CONAIE? A sabida cuenta que no hay espacio en el sistema político porque está cerrado, la CONAIE presiona por fuera de este sistema, pero como ahora estamos en un proceso en que el Estado copta la vida social y la política institucional, salir del Estado significa desafiarlo y eso, en la actual Constitución se llama terrorismo.

Entonces tenemos que la única opción de la CONAIE es la organización social y tiene que salir a manifestarse en contra de las leyes del Estado, a reclamar a este Estado que impone leyes como la Ley de Aguas. Así, se realiza un levantamiento indígena, hay agresión, detenidos, un muerto y el gobierno acusa al movimiento indígena de ser el responsable de esa muerte. Con esta manifestación el movimiento indígena logra acotar el espacio de acción política del régimen, por lo cual nuestro gobierno no puede aprobar la Ley de Aguas pero intenta aprobar leyes como la Ley de Universidades.

Esta ley provoca crisis especialmente a nivel de maestría y doctorado; aquí en Ecuador no tenemos maestrías ni doctorados públicos, una maestría aquí cuesta entre 5 y 10 mil dólares y el doctorado cuesta 30 mil dólares, y la Ley establece la privatización del quinto nivel, que es un requisito para ingresar a la educación superior. Por otra parte, la Ley de servidores públicos afecta a todos los servidores públicos dependientes del ejecutivo, sean médicos, policías o militares, pues integra sus derechos en una sola ley de regimenes de flexibilización laboral. Esta ley provocó la movilización de los policías el 30 de septiembre, lo que evidentemente no estaba en el radar político de Rafael Correa. Cuando se produce esto a causa de un reclamo administrativo, la tropa del ejecutivo reclama que la nueva ley implica flexibilización y en ella muchos de los derechos conseguidos por la tropa se iban a perder. Esto, que puede parecer hasta ridículo por el hecho de que una cuestión administrativa suscite algo tan fuerte, fue el detonante de los eventos del 30 de septiembre.

Los sucesos del 30 de septiembre

En los sucesos del 30 de septiembre el gobierno impuso su voluntad y su criterio. Los eventos se suscitaron por el mismo gobierno y por su forma de negociar la política: el presidente fue al regimiento donde estaba la tropa en pleno proceso de insubordinación, fue agredido y tuvo que refugiarse en un hospital del que no podía salir después de esa agresión, ya que eso significaba que la imagen del presidente, que toda esa estrategia mediática y publicitaria tenía que ponerse a cero y tenía que ponerse otra vez en funcionamiento desde otros parámetros. Este es un gobierno que se mueve en términos de popularidad y credibilidad, todo lo construye en función de eso, los eventos del 30 de septiembre significaron que su popularidad y su credibilidad se rompieron. ¿Por qué? Porque la figura del presidente fue agredida, entonces durante las primeras horas del 30 de septiembre cuando el presidente está en el hospital, se intenta generar un hecho político que les permitiera cubrir la retirada, el cual consideraban con base en la movilización.

Alianza País / Rafael Correa quería que existiera una movilización al estilo de la que trató de recuperar a Chávez de los golpistas para restaurar la democracia y radicalizar el movimiento bolivariano; pero Quito no se movilizó, nunca hubo movilizaciones a favor de Rafael Correa, sino esporádicos apoyos. Estoy hablando de una ciudad que se movilizó en una coyuntura: se movilizó contra Jamil Mahuad con cientos de miles de personas, se movilizó con la destitución de Lucio Gutiérrez con más de 100 mil personas en las calles durante varios días, es decir, esta es una ciudad que políticamente puede generar esos eventos. Cuando el presidente estuvo detenido en el hospital, Alianza País, el partido de gobierno aquí en Ecuador, esperaba que se suscitara un evento político de esas magnitudes, que saliera la gente porque ellos pensaban que la popularidad de 60-70% del presidente daba para eso y finalmente no sucedió, la gente de Quito decidió abstenerse de participar. En ese momento se generó un vacío político, que al constatarlo deciden que intervenga el ejército ecuatoriano para rescatar al presidente. Se produce entonces una masacre, porque aquí en Ecuador nunca hemos tenido una cantidad tan alta de muertos para resolver los problemas políticos: tenemos más de 8 muertos y cerca de 200 heridos en una intervención militar en un hospital cuando las leyes internacionales lo prohíben.

Así, tenemos un gobierno que es rescatado por el ejército pero tiene que cubrir ese rescate porque está demostrando, primero, que no tiene una movilización social y, segundo, que la democracia está siendo titulada directamente por las fuerzas armadas, un ejército que entró con toda la violencia y la agresión a rescatar al presidente, quien debe al ejército la permanencia. El presidente sale rescatado por el ejército y empieza el discurso del golpe de estado y el magnicidio, porque eso les permite cubrirse las espaldas y cubren el hecho que haya sido el ejército quien finalmente se haya constituido en árbitro y factor dirimente de la democracia. A partir de entonces se empieza a disputar con el sentido de la realidad.

Aquí en Ecuador estamos realmente sorprendidos porque tenemos videos, noticias, toda la información que dice que nunca hubo un golpe de estado y menos aún un intento de asesinar al presidente, es obvio que en la salida del rescate del presidente, cuando el ejército entró disparando, se iba a producir una confrontación bélica y en ella todo mundo estaba en riesgo, no sólo el presidente sino toda la gente que vivimos alrededor lo mismo que la gente que estaba dentro. Entonces usaron todas las noticias para cubrirse, para indicar que el ejército no tiene el rol tutelar de la democracia y se inventa el golpe de estado y creen en realidad el golpe de estado a nivel internacional, pero tenemos que decirlo: aquí no hubo un intento de golpe de estado porque la policía jamás produjo un hecho político, porque un golpe de estado es un hecho político. La policía produjo un hecho administrativo que ciertos sectores de la derecha trataron de aprovechar, eso es normal en cualquier circunstancia de la misma forma que ciertos sectores de la izquierda procuraron hacerlo; pero que la CIA haya tenido algo que ver no lo sé, es muy difícil saber que en esa coyuntura exista un plan elaborado previamente.

Lo que sí sabemos es que el gobierno ecuatoriano tiene una fuerte vinculación con la  USAID,  sobre  todo en  la  estrategia  de   servicios  ambientales  y  privatización

ambiental; lo que sí sabemos es que hay denuncias que involucran a miembros del gobierno de Ecuador que estuvieron con Raúl Reyes y las FARC y lo que dicen las noticias es que son o habrían sido ellos quienes dieron información al gobierno colombiano para localizar a Raúl Reyes; lo que sí sabemos es que 80% de las tropas ecuatorianas está en la frontera norte, lo que sí sabemos es que Ecuador es ahora el yunque del Plan Colombia.

Entonces, vemos las noticias del golpe de Estado y del intento de asesinato del presidente y confrontamos con la realidad. Sabemos que la realidad también es un objeto de disputa en las relaciones de poder, tan es así que el director del hospital donde ocurrió la agresión de los policías al presidente dio declaraciones a nivel internacional en las que dice: “de lo que yo puedo constatar es que no ha existido un intento de secuestro del presidente y nadie ha intentado quitarle la vida al presidente”. Como sus declaraciones son importantes a sabida cuenta de que él era la persona que estaba dirigiendo el hospital, el gobierno optó por querer reducirlo a prisión; es en todo caso un prisionero de conciencia porque está expresando una opinión, además de un testimonio. La persecución al movimiento indígena, la criminalización de la protesta.

Esto ha significado para el movimiento social un fuerte golpe porque ahora el gobierno tiene una estrategia para la privatización territorial y ese argumento es usado para señalar a las organizaciones sociales no sólo como terroristas, sino como golpistas. Si en este momento una organización social decide defenderse de la agresión gubernamental y defender sus territorios y sus derechos, no sólo será acusada de terrorista sino además de confabulación y golpismo, entonces, cuando a nivel internacional leemos artículos de La Jornada, de México, por ejemplo, que hablan de golpe de estado, nos duele muchísimo porque los intelectuales de izquierda que escriben en La Jornada están haciendo un enorme daño a los movimientos sociales de el Ecuador, le están dando patente de corso al gobierno para que los persiga y para que siga adelante su estrategia de privatización territorial. Nos gustaría que en México, donde hay tanta solidaridad, los intelectuales y medios de comunicación de izquierda o de centro-izquierda al menos se preocupen por lo que está pasando en nuestro país y vean de una manera más objetiva la realidad. Nos ha dolido muchísimo… realmente nos ha dolido muchísimo que la CONAIE haya sido acusada de estar en contubernio con la CIA, porque es una acusación obviamente falsa pero que da cuenta de cómo se mueven los términos liberales para hablar de democracia, se están convirtiendo en los términos hegemónicos y dominantes.

La CIA no tiene nada que ver con la CONAIE, al contrario, procura destruirla como nos ha constado muchas veces; el hecho de vincular a los dirigentes, vincular a los miembros de las organizaciones sociales con la CIA también forma parte de esto porque nuestros  intelectuales del  continente favorecen con su patente de corso. Es muy doloroso para nosotros, hemos visto aquí en el Ecuador con mucha sorpresa las  declaraciones de varios intelectuales  mexicanos, sobre todo de  apoyo irrestricto a Correa cuando en realidad,  salvo ciertos sectores  sociales del Ecuador como  las  organizaciones  sociales, la  CONAIE, los  sindicatos de  maestros  y  las

organizaciones campesinas, consideran al gobierno de Correa como una continuación del neoliberalismo, todavía lo sitúan a la derecha o en el centro-derecha. ¿Cómo es posible que esos intelectuales no lean lo que está pasando? Sobre todo las importantes declaraciones que a este efecto ha hecho la organización indígena, las cuales se pueden consultar en Internet.

A modo de síntesis

Para resumir y finalizar: el posneoliberalismo representa la integración o el momento en el que la acumulación por desposesión y su variante de privatización territorial y de la soberanía así como la desprivatización del Estado se unen al discurso del neoconstitucionalismo económico, los gobiernos progresistas permiten la continuidad del neoliberalismo procesando reformas institucionales, colonizan la práctica política con el neoinstitucionalismo.

Ustedes seguramente utilizarán el discurso de la “acción colectiva” o el discurso del “dólar diario del banco mundial”: ambos pertenecen al marco ideológico del neoinstitucionalismo. Esta  dinámica permite encubrir  las dinámicas de privatización territorial vinculadas al extractivismo, es decir, la conversión de la estructura económica en nuestros países en función de la globalización neoliberal, que se caracteriza por países del centro que ya no se especializan en la producción sino en la especulación. Ésta necesita un cable a tierra que es la producción, entre ellas la producción de commodities con los cuales emergen nuevas relaciones de poder, entre las que se encuentran Brasil, la India y China porque asumen ahora la tarea de la producción. Esto implica presión por los commodities o bienes de valor agregado, lo cual incrementa la importancia de nuestras economías y significa mayores crecimientos del PIB, pero el crecimiento del PIB implica a su vez mayor extractivismo.

El gobierno de Rafael Correa forma parte de las dinámicas posneoliberales, en las cuales hay una fuerte tendencia a la criminalización social. Los eventos del 30 de septiembre en el Ecuador implican que el gobierno tiene mayor margen de acción para criminalizar al movimiento social y para imponer las tareas de acumulación por desposesión en sus momentos de extractivismo.

La realidad aquí en el Ecuador y en América Latina es así, espero que lo que conversamos haya resuelto alguna de las inquietudes, pero igual podemos seguir conversando. Muchas gracias.





Referencias

Para citar este artículo:

Dávalos, Pablo (2011). La crisis del posneoliberalismo en Ecuador. Cultura y política. Recuperado el [fecha de consulta] de http://www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/cultura_politica/pablo_davalos_20110210.html