Intentar, en una apretada síntesis, delinear la trayectoria histórica del Instituto Nacional Indigenista (INI) no es una tarea sencilla, y ello debido, cuando menos, a los siguientes factores: la inexistencia de una historia del Instituto; la complejidad del trabajo institucional, de su sistema de relaciones y de sus orientaciones teórico-aplicativas, numerosas y cambiantes a lo largo del tiempo; la necesidad de confrontar los datos de la memoria institucional con el contexto histórico político en el que le tocó actuar durante más de medio siglo (1948-2003); los escenarios, dinamizados también por la acción indigenista y por otros procesos político-económicos, en los que se desenvolvieron las comunidades y organizaciones indígenas con las que el INI tuvo relación (e, incluso, con las que quedaron al margen de ella); y, problema no menor, la sistematización relativamente reciente de los primeros archivos documentales de las unidades operativas del INI —los Centros Coordinadores Indigenistas— (Guachochi, Temascal) que arrojarán no sólo nueva información sino otra perspectiva de la labor indigenista, como lo prueba el excelente trabajo de Juan Luis Sariego sobre la Tarahumara (Sariego, 2002), cuya referencia incluimos al final de nuestro libro en el apartado de Lecturas recomendadas."
El INI, además, liga sus orígenes a las concepciones y al orden institucional que se desarrollaron después del conflicto armado de 1910-1917, y no es posible explicar su nacimiento sin una referencia, así sea breve, a la gestación de instituciones del naciente indigenismo revolucionario, en la que deben incluirse: la fundación del Departamento de Antropología de la Secretaría de Agricultura (1917); la creación del Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena (1921); la conversión de las escuelas rurales en "Casas del Pueblo" (1923); la fundación del primer internado indígena ("Casa del Estudiante Indígena", en 1924, convertido más tarde en el "Internado Nacional de Indios"); la creación del Departamento de Escuelas Rurales de Incorporación Cultural Indígena (1925), del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas (1935-1° de diciembre de 1936) y, en la Secretaría de Educación, del Departamento de Educación Indígena (1937). "En 1947, desaparece el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas y se crea en su lugar la Dirección General de Asuntos Indígenas, como dependencia de la Secretaría de Educación." (Marroquín, 1977:98; Aguirre Beltrán, 1994:144-145) Tampoco es posible ignorar la impronta que dieron al proceso personalidades como Alfonso Caso, quien años antes había sino el impulsor principal de la creación del INAH (1938), y de otros destacados intelectuales y funcionarios mexicanos que participaron en la organización del Primer Congreso Indigenista Interamericano y en la fundación y conducción inicial del Instituto Indigenista Interamericano (1940): Luis Chávez Orozco, Moisés Sáenz y Manuel Gamio, por nombrar sólo a algunos.
En vista de estos antecedentes es claro que en 1948, cuando bajo la presidencia de Miguel Alemán se crea el INI26 como organismo descentralizado del gobierno federal, existían una nada desdeñable experiencia institucional y un núcleo de intelectuales ligados a la administración pública, al tiempo que comenzaba a conformarse una literatura antropológica, lingüística y arqueológica que brindaría elementos al indigenismo del Estado posrevolucionario, y contenidos y orientaciones a las políticas del nacionalismo.
Al igual que en el caso del III27, el INI enfrentó a lo largo de su historia las disyuntivas que le planteaba su calidad de institución federal experta, especializada en asuntos indígenas, orientadora y coordinadora de la acción pública, y la posibilidad real de concretarla y ampliar así su poder político. Aguirre Beltrán ha señalado en no pocas ocasiones que a las regiones indígenas concurrieron "varios indigenismos" representados por las distintas dependencias del poder federal (Salubridad y Asistencia, y Agricultura, característicamente), no siempre coordinadas ni, mucho menos, sujetas a las directivas que podía trazar el INI. El empuje dado a la aplicación de programas en las regiones interculturales de refugio, llevó al Instituto a transitar por los caminos de la suplencia, casi siempre por la desatención de las dependencias que debían hacer efectivas las acciones sectoriales.
El franco carácter de "institución suplente" fue definiendo a lo largo de los años el perfil del INI. En medio siglo de vida, el Instituto ha estado presente en campos tan diversos y numerosos como: la educación, la manutención de los niños de los albergues y la alfabetización de adultos; el registro civil y la gestión de documentación nacional e internacional (partidas de nacimiento, registros de propiedad, pasaportes, visados, etcétera); la construcción de caminos rurales y de puentes colgantes, de viviendas, letrinas, sistemas de agua y, en general, de obras de infraestructura social (bodegas, escuelas, centros de acopio, centros de desarrollo de la medicina tradicional, radiodifusoras, etcétera); los registros carcelarios, la defensoría y mediación en conflictos legales de muy diversa naturaleza; el diseño, asesoría y dirección de proyectos forestales, artesanales, pesqueros, acuícolas y turísticos; la atención médica (con la clásica distinción "medicina humana" y veterinaria) y odontológica; la promoción, estudio e impulso a la medicina tradicional y a la herbolaria medicinal (incluidos el apoyo a la organización de los terapeutas indígenas, la creación de herbarios y de centros de desarrollo de la medicina tradicional); el diseño y operación de radiodifusoras y de centros de video; la creación de centros culturales, museos comunitarios y, en general, la promoción de las lenguas, la literatura y las culturas indígenas; la investigación antropológica (en sus más distintas variantes), demográfica, económica, jurídica, educativa, geográfica y cultural; la promoción y realización de proyectos etnomusicológicos, y la producción cinematográfica y videográfica; la investigación antropológico-médica y etnobotánica; la intervención en campañas (desde las destinadas a combatir epidemias hasta las de protección civil, pasando por las de promoción de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales); el acopio y conservación de información, documentación y, en general, de bienes culturales; la impartición de cursos, conferencias, seminarios y talleres en los más variados campos de la vida social; la creación o promoción de sistemas y programas de becas o ayudas a estudiantes de los niveles primario, secundario, técnico y superior; la producción y realización de proyectos editoriales (libros, revistas, folletos y manuales, en ediciones propias o en coediciones, en español y en lenguas indígenas); el impulso y la realización de exposiciones y muestras artísticas, artesanales o gastronómicas; la realización de festivales y el desarrollo del teatro guiñol; la organización y la participación de y en misiones internacionales relacionadas a las políticas de Estado, a los derechos, a las lenguas y a la cultura, a la medicina y a los sistemas rurales de salud, al racismo y a los derechos de la mujer, al medio ambiente y a los recursos productivos, al cine, la radio o el video, a los censos de población o los derechos y educación del niño; en fin, y de manera relevante, la promoción, apoyo y constitución de organizaciones locales, regionales y nacionales (productivas, políticas, de derechos humanos, culturales y artísticas); la gestión y la concertación interinstitucional y un largo etcétera que la memoria de los trabajadores indigenistas podría engrosar y especificar. (ORDPI-INI, 2002).
Autores como Arturo Warman, Cristina Oemichen, Carlos Moreno, José del Val y Maya Lorena Pérez, entre otros, han señalado etapas del indigenismo28 y tendencias o cambios en el carácter de la política indigenista de Estado: de incorporación, de integración, de participación, etcétera, pautados por diferentes modelos teóricos e ideológicos, que influyeron en su momento en los cambios operados en el INI.
La novedad más importante, desde las etapas iniciales del INI, estuvo dada por la asociación entre una sólida teoría y un modelo de intervención en las regiones indígenas, superando la concepción que derivaba de los estudios de comunidad para pasar a operar en el marco de región intercultural de refugio. En este proceso de conformación de la teoría y la práctica indigenistas fueron decisivas las contribuciones de Alfonso Caso, Julio de la Fuente, Ricardo Pozas, Carlos Basauri, Alfonso Villa Rojas, Calixta Guiteras, Maurilio Muñoz, Ramón Hernández, Francisco Plancarte, Manuel Castellanos —por sólo mencionar a algunos— y, esencialmente, Gonzalo Aguirre Beltrán. Éste formula en 1955 la teoría del centro coordinador que debe operar desde la ciudad rectora, siguiendo la red de relaciones que la "metrópolis primada" (o las metrópolis, ya que el núcleo rector puede ser múltiple, como en la Meseta Tarasca) con su hinterland. Considerando la condición de los indígenas, dentro y fuera de sus comunidades, los Centros Coordinadores identificaban cuatro áreas de trabajo: a) Área de demostración; b) Área de difusión; c) Área de migración; d) Área de movilización. (Marroquín, 1977:101-102) El trabajo en estas áreas estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionistas y promotores que debían afrontar las problemáticas agraria, agrícola, económica, sanitaria, educativa, jurídica, cultural, lingüística, de comunicación vial, etcétera, y que a lo largo de los años acogió personal de las más diversas profesiones: antropólogos, lingüistas, economistas, administradores, abogados, médicos ("humanos" y veterinarios), odontólogos, ingenieros, técnicos forestales, agrónomos, geógrafos, además de secretarias, choferes, almacenistas, etcétera.
La definición de esta estructura fue determinante y, con variaciones y expansiones, prácticamente operó hasta el momento de la desaparición del INI. En la última Memoria 1995-2000, el INI contaba con una estructura central, ubicada en la ciudad de México, que incluía: una Dirección General y cuatro Direcciones de Área (Desarrollo Económico y Social, Investigación y Promoción Cultural, Procuración de Justicia, y Organización y Capacitación), la Secretaría Tesorería y secciones de servicios. En el territorio de 23 entidades federativas y el Distrito Federal disponía de una red de Delegaciones Estatales, 110 Centros Coordinadores Indigenistas, 20 estaciones de radio que transmitían en 31 lenguas indígenas y en español (además de cuatro estaciones de baja potencia operadas por niños indígenas mayas de Yucatán), cuatro centros de video indígena, 25 Centros Regionales de Información y Documentación, un Centro de Investigación, Información y Documentación de los Pueblos Indígenas de México en la ciudad de México29, y 1,082 albergues escolares indígenas que atendían a 59,500 niños en edad escolar (Instituto Nacional Indigenista, 2000b).
Vista en la perspectiva de la historia del INI, la década de los 70 tuvo una importancia determinante porque en ella se produjeron las primeras expresiones del movimiento indígena que comenzaba a exigir nuevas formas de participación política y una relación distinta con el Estado, las denuncias de etnocidio en Sudamérica, la difusión de las tesis del colonialismo interno y del etnodesarrollo, y el comienzo de una severa crítica al indigenismo integracionista, amén de que dos años antes se habían producido los sucesos sangrientos de Tlatelolco (1968). En efecto, de 1970 es la publicación del volumen colectivo de los "antropólogos críticos" denominado De eso que llaman antropología mexicana; en 1971 y 1977 se realizaron las reuniones de Barbados I y II (con participación de antropólogos, la primera, y de dirigentes e intelectuales indígenas del continente, la segunda)30; en octubre de 1974 tuvo lugar el Primer Congreso Indígena "Fray Bartolomé de las Casas" (San Cristónal de las Casas, Chis.) que reunión a 1,230 delegados tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales para discutir sus propias ponencias sobre tierra, comercio, educación y salud; en 1975, y en buena medida como respuesta al congreso de Chiapas, se celebró el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas (Pátzcuaro, Mich., 1975) y se impulsaron desde el gobierno los Consejos Supremos Indígenas. La creación del Programa COPLAMAR, de gran envergadura por su presupuesto, cobertura y acción intersectorial, significó para el INI una relación en la que nunca pudo ejercer plenamente las funciones de coordinación y asesoría en las zonas indígenas que, supuestamente, desempeñaría. Es en la década de los 70 cuando se produce el crecimiento más importante de la estructura del INI y la expansión territorial de casi 80 Centros Coordinadores, situación que, en materia de recursos, sólo tendrá parangón con los momentos de máxima inversión que tendrán lugar en los 90, con la asociación del INI al Programa Nacional de Solidaridad.
No es posible soslayar que muchas veces la crítica más severa a los planteamientos del indigenismo integracionista se generaron en el seno de la propia institución, que pudo conservar, con dificultades y sin lograr el impacto deseado, una masa crítica de trabajadores. A ello hay que sumar las críticas de los sectores indígenas que señalaban la importancia de la institución —en ocasiones su único aliado frente a cacicazgos locales—, pero también el paternalismo, clientelismo, el burocratismo y la debilidad de la acción oficial en las regiones indígenas (Tello, 1996. Congreso Nacional Indígena, 2001).
Pese a todo lo anterior —que, insistimos, deberá ser objeto de investigaciones y estudios consistentes— pocas instituciones del sector público pueden dar muestras de un acopio tan variado y numeroso de experiencias, programas piloto, gestiones gubernamentales, diseño, asesoría, dirección y ejecución de proyectos, investigaciones pioneras y detección de nuevas problemáticas sociales; pocas instituciones del sector público han estado simultáneamente, como el INI, en la planeación y en la operación, en la investigación y en la acción. Y pocas, también, pueden enorgullecerse —como el INI— de haber contado en sus filas con los más destacados intelectuales del país y con los más esforzados y comprometidos trabajadores que llevaron la acción del Estado mexicano a las regiones más inhóspitas y rezagadas del territorio nacional, a la población más discriminada, excluida y marginal de la Nación mexicana. Desdeñar la contribución del INI —hecha de luces y de sombras, naturalmente— a la gobernabilidad del país es, a la luz de la historia del siglo XX y comienzos del XXI, un acto de ignorancia o mala fe, generalmente asociada al "desdén" (dirían los viejos indigenistas) o franco desprecio al trabajo con los pueblos indígenas. (ORDPI-INI, 2002:s/p).
Fueron directores del Instituto Nacional Indigenista: Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán, Ignacio Ovalle Fernández, Salomón Nahmad Sitton, Miguel Limón Rojas, Arturo Warman, Guillermo Espinosa Velasco, Carlos Tello Macías, Melba Pría, Marcos Matías Alonso, Huberto Aldaz Hernández y, como encargado de despacho, Arnulfo Embriz Osorio.